En caso Giovanni y desapariciones forzadas, discurso de Alfaro politiza y criminaliza

La muerte de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos y las desapariciones forzadas de manifestantes que cometieron los policías estatales genera un ambiente de hartazgo y de exigencia de justicia, pero tras estos hechos lo preocupante es que el gobernador Enrique Alfaro antes de aceptar su responsabilidad promueve un discurso violento y de inseguridad, criminalizando a los jóvenes y politizando el tema, indicó María González, investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

“Se tendió a buscar culpables en todo momento actores y personajes desde el gobierno federal, el crimen organizado, gente que no es de Jalisco, que vino a desestabilizar el estado, pero nunca el Estado asumió como tal la responsabilidad de que finalmente las policías estatales, las policías de la Zona Metropolitana, y la propia Fiscalía tiene que ver con la política y son parte del aparato de seguridad del gobernador”.

Los distintos colectivos de derechos humanos, los padres de las víctimas y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario exigen una investigación autónoma y con la participación de diferentes actores para esclarecer las desapariciones forzadas que se registraron el 5 de junio, ya que el gobierno tiene una urgencia por cerrar el caso y temen que se utilicen chivos expiatorios, manifestó la investigadora María González.

“Se tiene que realizar una investigación autónoma e independiente porque el gobierno del estado es perpetrador en estos hechos, entonces no puede ser juez y parte, y nos parece que todavía el gobierno del estado no da tantas señales para que realmente intervenga una comisión especial constituida por diferentes expertos en seguridad pública, instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, las propias familias de las víctimas, las víctimas y se puedan reconstruir los hechos”.

Por las desapariciones forzadas y la infiltración del crimen organizado en la Fiscalía del Estado, como lo anunció el gobernador Enrique Alfaro, el fiscal del estado Gerardo Octavio Solís y el secretario de seguridad de Jalisco deben ser destituidos, indicó María González.

“Nos parece que uno de los signos que el gobierno del estado de Jalisco debe de dar en primer lugar, la destitución del fiscal del estado de Jalisco y de su secretario de seguridad pública porque en esos mandos recayó esta situación que sucedió en Jalisco, puede haber otros actores, pero eso sería una señal de que realmente el gobierno del estado vaya a una reconstrucción de toda su política de seguridad, de todo su gabinete de seguridad”.

Con respecto a las notas periodísticas en las que se acusa al Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario de ser los orquestadores de los disturbios en Guadalajara, María González indica que es información sin sustento.

“Es muy clara que esta nota es una nota sin sustento periodístico, no está fundamentada, no está citada, no tienen ninguna razón de ser y desde nuestra perspectiva seguramente fue una nota para la cual se le pagó al periodista que la sacó”.

EH