Desmienten informe oficial de desaparecidos

El discurso oficial sobre la tragedia humanitaria de las desapariciones es contrastante con la dolorosa realidad que atormenta a miles de familias con desaparecidos. Basta leer el comunicado del gobierno del estado del martes 27 de octubre, que presenta el segundo informe de los desaparecidos en Jalisco, y luego leer el informe Las familias hablan, presentado en respuesta el jueves 29 por tres colectivos de familias con desaparecidos y seis asociaciones. Ambos documentos tienen estructuras con cifras, lógicas y sensibilidades distintas. 

Como sucede con los gobernantes cuando informan de situaciones graves, el informe que encabezó el gobernador Enrique Alfaro aborda el tema de tal manera que su administración y la fiscalía especializada salen bien paradas, pues presumen avances, aunque dan información incompleta y parcial, que resume solo la visión del emisor y disfraza la dimensión de la realidad. Si son datos, la interpretación no revisa otras variables, y deja fuera el central contexto humano, y antecedentes y comparaciones pertinentes. 

Por mencionar solo dos ejemplos, el informe gubernamental no precisa ni reconoce cuántas investigaciones en realidad no fueron iniciadas o realizadas por las autoridades sino por las familias con desaparecidos, pues hacerlo revelaría ineficacias de agentes y Ministerios Públicos; y no menciona la situación de desapariciones cometidas en anteriores sexenios, como si no fuera su responsabilidad o sean víctimas de segunda. De ahí que las familias señalan que el gobernador presumió en su informe “hablar con la verdad, actuar con responsabilidad y poner a las víctimas al centro, sin que ninguna de las tres promesas pueda sostenerse con hechos”. 

Sin importar de qué partido político provienen, las administraciones tuercen la mirada para que la información se ajuste a sus objetivos políticos. Con escasa o nula autocrítica describen una realidad que se observa con los cristales de la auto legitimación política. Construyen un discurso autorreferencial para convertirlo en verdad única, donde las autoridades se solazan observando su ombligo. 

Pero la realidad de las familias con desaparecidos repele cualquier discurso oficial si la autoridad no las toma en cuenta, si no las incorpora, si en las oficinas y en las investigaciones de las fiscalías ocurre lo contrario a lo que pregonan o dice la ley. De ahí que quienes tienen años indagando la suerte de un esposo, hija, hermano o padre, por ejemplo, han reiterado que #SinLasFamiliasNo. 

Hay diversos documentos y estudios donde fuentes oficiales y organismos defensores de derechos humanos abordan las desapariciones, y plantean críticas precisas y propuestas concretas. Un ejemplo son los elaborados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco o el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, o el más reciente, del Comité de Participación Social, que elaboró el estudio Identificación de riesgos de corrupción y faltas administrativas en la problemática social de personas desaparecidas en Jalisco. 

Además, cientos de reportajes y análisis periodísticos producidos por distintos medios informativos visibilizan lo que llega a ser violencia institucional. Pero las autoridades o dicen tomarlos en cuenta, sin que realmente se pueda comprobar tal afirmación, o malamente los ignoran. 

Transcribo una frase del informe Las familias hablan, que dice mucho: “Hablar con la verdad implicaría reconocer que la fiscalía desaparece personas”. Recordemos que este jueves 5 de noviembre se cumplen cinco meses del operativo ordenado desde la fiscalía para desaparecer por horas a docenas de manifestantes, y pese a la gravedad de lo sucedido, no se ha presentado un informe público de lo que realmente sucedió.  

Twitter: @SergioRenedDios 

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