Información liberadora

El derecho de acceso a la información es indispensable para que las y los ciudadanos exijan a las autoridades la rendición de cuentas. Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías cada día recibimos cantidades infinitas de información, pero ante el exceso de datos también es necesario cuestionarnos si realmente controlamos la información o si quienes la comparten nos controlan.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. El acceso a recibir información constituye un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales; forma parte esencial de la libertad de expresión e implica la posibilidad de todas las personas a buscar, recibir y difundir información.

Garantizar este derecho, al ser uno de los pilares fundamentales de democracia, fomenta la toma de decisiones informadas y la participación ciudadana; sin embargo, el acceso a la información también puede ser utilizado de manera contraria, produciendo un margen de manipulación, particularmente por parte de las autoridades, al ser las responsables de garantizarlo.

De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “el derecho de acceso a la información pública impone al Estado la obligación de divulgar proactivamente información sobre sus funciones, actividades y gestión de recursos públicos de forma rutinaria, aun cuando no medie una solicitud de acceso a la información pública, garantizando que la información sea accesible, comprensible y actualizada”.

A nivel estatal, el gobierno de Jalisco no ha facilitado a la ciudadanía el pleno acceso a la información pública, principalmente en lo que concierne a los ámbitos de seguridad pública y procuración de justicia. Si bien cuando ocurren hechos de alto impacto, como desapariciones masivas, enfrentamientos de grupos armados o hallazgos de fosas clandestinas, las autoridades han realizado ruedas de prensa o videos explicativos, la información proporcionada resulta fragmentada y escasa, situación que se repite en las respuestas a las solicitudes de acceso a la información. Parece que se nos comparte la información, pero en realidad seguimos sin entender qué está pasando en el estado.

Recientemente, en Jalisco se han creado diversas plataformas que informan sobre la violencia y seguridad pública; sin embargo, estos mecanismos no son accesibles y actualizados, y además generan desconfianza debido a que tienden a desviar y manipular la información que contienen. Como ejemplos se puede mencionar la tendencia de no calificar a las personas fallecidas encontradas en las fosas clandestinas como víctimas de homicidio o contabilizar a las personas desaparecidas como personas no localizadas en la plataforma de Sistema de Información sobre las Víctimas de Desaparición (Sisovid).

De igual manera, estamos enfrentando una narrativa oficial de minimización de la violencia e invisibilización de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, demostrando la ignorancia, falta de sensibilidad o incluso la burla ante el dolor y el sufrimiento que han enfrentado miles de personas por las problemáticas que oficialmente no se reconocen y se aparenta que no existen en el estado. Y a quienes han realizado esfuerzos por compartir información distinta a la única versión oficial de las autoridades, tales como periodistas, colectivos de víctimas u organizaciones civiles, se les ha descalificado.

Ante este juego de la desinformación es fundamental seguir exigiendo el acceso efectivo a la información y que se adopten medidas que faciliten de manera accesible, completa e incluyente la difusión de información pública para fomentar la participación y la evaluación ciudadana sobre el desarrollo de las políticas públicas. Si bien la información constituye una herramienta desde el poder, también, de acuerdo con Kofi Annan, el ex secretario general de las Naciones Unidas, “la información es liberadora”, por lo que la exigencia de acceso a información plena y transparente, así como la garantía de ejercer el derecho a cuestionarla puede acercarnos a materializar la reivindicación de la verdad, la justicia y la paz.

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