Indígenas de Ayotitlán denuncian amenazas

Indígenas de Ayotitlán, comunidad de Cuautitlán de García Barragán, denunciaron ayer que las amenazas de muerte y el despojo de tierras en su contra persisten. 

En compañía de miembros de la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH), señalaron en rueda de prensa que la explotación minera de parte de empresas transnacionales en tierras indígenas atrajo una ola de violencia con la anuencia de los gobiernos de Jalisco y Colima, y la Federación. 

Por su parte, el presidente de la RJDH, Óscar González Garí, afirmó que todo comenzó desde los tiempos de Marcelino García Barragán, quien instauró por la fuerza la figura de ejido en Ayotitlán; a él lo acusan de la matanza de una veintena de indígenas. 

Fue a través del ejido que, precisamente, se permitió que el gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari privatizara la mina Peña Colorada, ubicada en la zona y de dónde se extrae hierro. 

“La Federación puso la mina. La mina no fue producto de una consulta con los indígenas como tendría que ser ahora. No se les consultó, se les impuso una mina ahí. Se coaligó Colima con la Federación para crear el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, que ahorita pertenece a dos transnacionales metalúrgicas: Ternium, que es del segundo hombre más rico de Argentina y un hindú que vive en Europa, multimillonario (…) Salinas, presidente, la privatizó, entonces la compraron estas empresas multinacionales”, señaló González Garí. 

Desde entonces la violencia se ha recrudecido y provocado despojos de tierras, amenazas y asesinatos entre la resistencia indígena. 

Según lo narrado por la RJDH, la mina referida y al menos 10 más que están en operaciones de manera ilegal representan el 30 por ciento de la extracción de hierro del país, mismo que se exporta a través de Manzanillo hacia Estados Unidos, Canadá y China. Por esta razón, añadió González Garí, los mineros no quieren cerca a los indígenas y, presuntamente, se han aliado con el crimen organizado para controlar dicha zona de Jalisco, todo en contubernio con el ejido y con una autoridad que no voltea a ver este territorio. 

Los afectados expusieron además que los mineros pagan una cuota al ejido, más no a la comunidad indígena, de 17 millones de pesos (mdp) anuales; sin embargo, el monto es muy pequeño en comparación con los aproximadamente mil 500 mdp que tienen de ganancia por la explotación de minerales de la sierra de Manantlán. 

La problemática, añadieron, ya ha desplazado gente, pues muchas familias han abandonado Ayotitlán y se han refugiado en Manzanillo. 

“Somos varios los que estamos lejos, nos desterraron por culpa de Peña Colorada, porque en nuestro territorio hay agua, hay madera, hay mina y las minas eso es lo que quieren, que las dejemos solas para adueñarse ellos. Y ya no podemos (estar ahí) (…) nos están apuntando con las armas. Nosotros no queremos que lleguemos a eso (ser asesinados) por eso nosotros corremos. Somos varios los que estamos en Manzanillo, otros están bajo tierra porque no han acabado bien. Queremos un apoyo para acomodarnos en los terrenos, en nuestro territorio, en donde ya por tanto tiempo nos han explotado los minerales”, narró uno de los comuneros que dejó sus tierras y se exilió a Manzanillo. 

Ante este panorama, los afectados buscan un diálogo directo con el gobierno federal y que haya un resarcimiento del daño y se eviten más violaciones a los derechos humanos. Actualmente ya hay comunicación y esperan una fecha para instalar una mesa de trabajo. 

FRASE: 

“La Federación puso la mina. La mina no fue producto de una consulta con los indígenas como tendría que ser ahora. No se les consultó, se les impuso una mina ahí”: Óscar González Garí, Presidente de la RJDH 

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