La nómina del Congreso de Jalisco

Durante muchos años hemos sospechado que la nómina del Congreso del Estado de Jalisco no estaba bien diseñada. Sabíamos que más de mil personas cobran ahí, y suponíamos que eran demasiadas, que no correspondían con la cantidad de trabajo que se realiza y menos con su calidad.

También teníamos la idea de que los cambios que ocurrían en el ámbito administrativo cada vez que se renovaba la legislatura se debían al reparto de puestos que hacían los partidos en turno, y que además había muchos puestos que se habían creado para pagar favores políticos a quienes habían apoyado en la campaña a quienes llegaron a ocupar una curul. Sin embargo, necesitábamos tener más datos, más evidencias, para verificarlo, y ahora, gracias al propio Congreso, y en particular gracias a la diputada Mara Robles, que logró convencer al resto de los dirigentes de las bancadas partidistas de la actual legislatura, ya se ha demostrado que nuestras sospechas tenían fundamento, como lo demuestra el estudio sobre la nómina que llevó a cabo el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Habrá quien diga que no era necesario pagar 800 mil pesos para tener esa certeza, pero yo difiero de esa opinión, porque ahora ya no es una cuestión de mera opinión o creencia, sino que tenemos los datos para asegurar que hay mucho que corregir en el área administrativa del Congreso.

Me permito poner un ejemplo de otro ámbito para aclarar la diferencia entre creer y saber: no es lo mismo afirmar “creo que mi pareja me engaña”, a afirmar “sé que mi pareja me engaña”, porque las implicaciones existenciales de cada afirmación son muy distintas. Cada una implica decisiones diferentes, y niveles de incertidumbre también diferentes.

En cuanto al Congreso, gracias al estudio del Imco, sabemos que en la nómina aparecen mil 69 personas, de las cuales se podría prescindir de 649, y el Congreso seguiría operando como si nada, debido a que esos puestos no tienen una función definida, y por lo tanto su aporte a la realización del trabajo del Legislativo probablemente sea nulo.

Algunas de esas plazas, que corresponden a personal de base, se encuentran entre las mejor pagadas del Congreso, pese a que en muchos casos quienes las ocupan solo acreditan estudios de secundaria, y llegan a ganar más que asesores legislativos que cuentan con estudios de doctorado, lo que es una evidencia clara de que la creación de esas plazas tan bien remuneradas es producto de la arbitrariedad.

Por otra parte, el Imco puso en evidencia que no hay manera de que el área administrativa opere conforme a la ley, ya que los puestos se asignan en función de lealtades partidistas, y no a partir de demostrar que se tienen los conocimientos y la capacidad requeridos para llevar a cabo una correcta gestión de los recursos a su cargo, además de que eso implica que no esté claro a quién deben obedecer y a quién no.

Ante todo esto, lo mejor del estudio del Imco es que nos ofrece comparaciones con otras instancias legislativas, así como nos presenta formas de trabajar que se podrían adoptar o adaptar, para que, como lo dice el propio informe, el Congreso de Jalisco sea pionero en un camino que podrían recorrer los órganos legislativos de otros estados.

Ahora bien, sabiendo que nos ofrecen el remedio y el trapito, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos desentenderemos con el pretexto de que nada cambia, o nos comprometeremos a exigir que se resuelvan los problemas que el informe puso en evidencia, y a apoyar con lo que cada quién puede, aunque sea con apoyo en las redes sociales a los cambios que se vayan realizando en función del diagnóstico del Imco?

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