Una confrontación anunciada: 8M, retos del sistema

Se cumple un año más de una compleja cita que las administraciones, tanto federal como estatal, no han logrado asumir de forma estructurada y, sobre todo, de un diálogo con la ciudadanía. Se trata del 8 de marzo, en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La fecha constituye un momento de profunda reflexión de un tema que, internacionalmente, ha generado una zona de complejos debates en relación con un asunto que traza la puesta en marcha de políticas públicas eficientes que logren mitigar y, eventualmente, equilibrar la brecha de participación social de la mujer a partir de estructuras legítimas e institucionales, y que se mantengan como una zona de desarrollo y de integración en los proyectos, ya sea de Transformación o de Refundación que, hasta este momento, las ha mantenido al margen.

Durante algún tiempo se consideraba esta fecha como de celebración, sin embargo, el motivo mismo de ubicar este día del año no se trataba, ni se trata, de un momento de festejo, sino de análisis y reflexión que las mujeres organizadas en diferentes asociaciones, instituciones y colectivos, proponen para revisar el estado de cosas que tiene la sociedad, respecto de las distancias y del peso de las decisiones sociales, en las que por género, se muestran diferencias abrumadoras; éstas requieren una intervención más clara de equidad en las estrategias de generación de políticas sociales que, en los hechos, transformen la relación de géneros en políticas inclusivas, disminuyendo las fisuras sociales que marcan las diferencias en la práctica cotidiana.

Uno de los problemas que han experimentado, sin duda, las administraciones federal y local, ha sido el hecho de no poder establecer un vínculo con el sector de mujeres, debido a la amplitud social que representan. Esto es, la existencia de diferentes agrupaciones y colectivos expresa la diversidad y profundidad de los complejos y variados temas que las hacen buscar la visibilización de sus demandas. Frente a esto, la falta de representación unitaria, como si fuera un partido político, generaría una interlocución a través de la mediación institucional del partido. Sin embargo, la expresión, en términos de sociedad civil en el espectro de la legalidad y administración pública, evidencia la falta de una estrategia integral sobre la complejidad y diversidad de asuntos que han cobrado relevancia, del abordaje de la mujer en su dimensión social.

No se trata de reivindicaciones políticas, sino sociales, y al respecto, la ausencia de una línea de estrategia estructurante de la dimensión de los problemas que se plantean, no se pueden abarcar a través de la metodología de correlación de partidos. No se trata de una circunstancia novedosa, sino más bien de una ausencia en las políticas públicas mexicanas de las últimas décadas. De forma que no se puede resolver el núcleo de demandas con una concesión particular a algún liderazgo, sino el establecimiento de estrategias que realmente impacten, de forma global, a toda la administración pública, por un lado, y al fortalecimiento de una cultura de equidad que forma parte de una dimensión, no solamente nacional sino internacional.

Hasta el momento, la consideración de diálogo con los colectivos femeninos se ha transformado en una idea de enemistad. Ambas administraciones han catalogado de esa forma los intentos de acercamiento que se han transformado en confrontaciones.

Sería interesante generar un cambio en el núcleo de abordaje por parte de la administración pública ante estas comunidades que se expresan fuera de la esfera de partidos políticos, pero con una agenda consistente, inclusiva y compleja. De esta forma, se debería dejar la lógica de considerar solamente el peso de las mayorías y de las clientelas electorales, por una de abordaje de una problemática histórica y social que sigue requiriendo un diálogo y acción eficientes con la administración pública.

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