Jalisco, 4to en ataques a defensores ambientales

El 8 de enero de 2022 el cadáver de Rosendo González Torres, marakame (sacerdote y médico tradicional) de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, fue encontrado en una barranca. Tenía 56 años de edad y un día antes fue sacado a la fuerza de su casa junto con su nieto de 17 años, Estanislao González Carrillo. Ambos fueron asesinados y tenían huellas de tortura y heridas por arma de fuego.

Su caso es uno de los 20 ataques documentados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en el informe 2022 Agresiones contra las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México. Esa cifra colocó a Jalisco en el cuarto lugar nacional en agresiones; sólo fue superado por Oaxaca, con 34; Ciudad de México, con 27, y Chihuahua, con 21.

Entre las agresiones documentadas hay algunas que fueron letales y otras que se quedaron en ataques.

En el informe se señala que el incremento en la violencia contra defensores del medio ambiente en Jalisco es alarmante, pues en la revisión que se había hecho un año antes se documentaron sólo cuatro casos.

En el documento se menciona que durante 2022 en Jalisco “la defensa de los territorios y sus elementos naturales tuvieron como principales escenarios de violencia el desarrollo de proyectos mineros, forestales y turísticos”.

Además de ser sacerdote y ejercer la medicina tradicional en su comunidad, Rosendo González era defensor de sitios wixárikas sagrados ante la minería y la ganadería, razón por la que en el informe se exige que se investigue su asesinato.

Al respecto, el Cemda advierte que “la defensa del patrimonio biocultural en Jalisco realizada por comunidades indígenas nahuas y wixárikas también ha implicado agresiones letales contra sus integrantes”.

En el caso de las comunidades nahuas, texto refiere que en Ayotitlán, en Cuautitlán de García Barragán, “continúan defendiendo sus elementos naturales y formas de vida, frente a empresas mineras y grupos de delincuencia organizada”. En particular, la comunidad mantiene una lucha desde hace varios años con la minera Peña Colorada.

En cuanto a los pueblos wixaritari, agrega que “resisten frente al despojo de sus territorios frente a la tala ilegal de sus bosques, empresas mineras y la afrenta contra sus formas de vida”.

Afirma también que “estas agresiones en contra de las personas defensoras ambientales, de la tierra y el territorio evidencian, según la propia Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este grupo de población, quienes, según los datos expuestos a través de su más reciente informe, concentran el 40 por ciento del total de la violencia ejercida en Jalisco contra la defensa de los derechos humanos en general”.

BASURA, NIXTICUIL BOSQUES…

Los conflictos en torno a las deficiencias de Caabsa Eagle, empresa concesionaria de la basura en varios municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), especialmente en el destino final de los desechos, también aparecen en el informe del Cemda por el asesinato de la abogada Verónica Patricia Guerrero Vinueza.

Representante de los vecinos del fraccionamiento Urbi Quinta, fue asesinada a balazos el 3 de febrero de 2022 en el municipio de Tonalá. La defensora ambientalista había denunciado amenazas por su representación legal ante el manejo inadecuado del basurero de Matatlán; buscaba tanto su cierre definitivo como una reparación ambiental del daño.

El AMG vuelve a aparecer en el texto por agresiones por la defensa del bosque El Nixticuil, ubicado en Zapopan.

Jalisco es además señalado por agresiones ante la defensa de los bosques, rubro en el que se ubica entre las tres entidades con más problemas junto con Chihuahua y Michoacán. También se le coloca entre los cuatro estados con más violaciones a los derechos humanos ambientales, apenas debajo de Guerrero, Puebla y Michoacán.

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