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Fosas clandestinas, feminicidios con “crueldad extrema”, masacres, torturas, calcinaciones, violaciones y asesinatos han marcado el 2023 de Jalisco. En total, la entidad registró 229 atrocidades de enero a septiembre, según la organización Causa en Común.
Al publicar su último informe trimestral de atrocidades, la agrupación encontró que las cometidas en los nueve meses de 2023 impactaron a 248 víctimas en la entidad. Los feminicidios, las fosas y las masacres fueron los hechos violentos que principalmente marcaron a Jalisco.
Según lo documentado por la organización mediante noticias periodísticas entre enero y septiembre, en Jalisco resaltan 25 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 19 hallazgos de fosas clandestinas y al menos 10 masacres.
Sin embargo, la atrocidad más frecuente fue la tortura, con 53 hechos. Le siguen los actos violentos contra la autoridad, con 46; los 25 asesinatos de mujeres con crueldad extrema; mutilaciones, descuartizamientos y destrucciones de cadáveres, con 24 sucesos; las 19 fosas clandestinas, y los asesinatos de niños y adolescentes, con 13 casos.
En promedio, cada mes se cometieron 25.44 atrocidades en Jalisco.
Entre los ejemplos se encuentra el que el 31 de enero un hombre asesinó a su pareja y a su suegra en una agencia del ministerio público en Poncitlán, así como que el 26 de mayo se localizó una fosa clandestina en Tlajomulco en la que se encontraron 100 bolsas con indicios y ocho cuerpos.
También se resalta que el 30 de enero se localizó el cadáver de una mujer con las manos atadas al interior de un basurero en Tizapán el Alto y que el 16 de agosto una mujer fue detenida por presuntamente asesinar a su hija menor de edad en Jocotepec.
Con su total de atrocidades, Jalisco fue la sexta entidad con más hechos. Sólo la superaron Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Guerrero y Morelos.
A nivel nacional se registraron 5 mil atrocidades, por lo que en promedio hubo 555 por mes y 18 al día. Según los datos de Causa en Común, la cifra representó un aumento de 22 por ciento con relación al mismo periodo de 2021 y de 12 por ciento con respecto al de 2022.
De todas las atrocidades registradas en el país, la tortura y los asesinatos violentos de mujeres son las que más impactan.
“El presente trabajo apunta hacia historias que, acumuladas, presentan un mosaico de dolor y crueldad, que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva. Muestra también que, lejos de la mitología sobre crimen organizado que prevalece en nuestra conversación pública, buena parte de estas atrocidades son perpetradas por personas que no forman parte de organizaciones criminales. Se trata de violencia criminal, sí, pero es, también, violencia de género, violencia familiar, violencia comunitaria y violencia social”, concluyó la organización.
Al igual que sus informes anteriores, el último de Causa en Común va acompañado de una serie de propuestas dirigidas a las autoridades, pero también a la población en general.
En primer lugar se plantea a los mexicanos que exijan a los gobiernos locales y al federal la resolución de casos que han agraviado a la comunidad con investigaciones sólidas.
A la par se llama a que los hechos se investiguen y analicen desde aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos y permitan la comprensión de las realidades locales.
“Es evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional”, describe el informe.
Como actualmente ya se discuten presupuestos a nivel nacional y están por revisarse los estatales, por último pidió que haya mayores recursos para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) a fin de garantizar servicios esenciales y atención jurídica y económica para las víctimas de violencia. Lauro Rodríguez
jl/I