Represión y ausencias, sello de Enrique Alfaro

Ciento veinte especialistas, activistas, académicos y defensores de derechos humanos se reunieron para revisar el sexenio de Enrique Alfaro Ramírez y con base en ello generar 10 exigencias para la próxima administración. En suma, concluyeron que el periodo que está por terminar se ha caracterizado por violaciones a los derechos humanos.

El colectivo Espacio Común, como se nombraron, enumeró 10 compromisos que debería asumir la siguiente administración estatal. Todos tienen que ver con paliar los retrocesos en materia de derechos humanos ocurridos durante el actual sexenio.

Según las organizaciones, la desaparición de personas es la principal crisis que arrastra el actual gobierno estatal. Jonathan Ávila, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), recalcó que Jalisco es la entidad con más ausentes de todo el país, por lo que lo ideal es que se acaten las recomendaciones del Consejo Ciudadano de Búsqueda y que se cumpla con la legislación ya existente para garantizar las acciones de búsqueda necesarias y, por ende, la localización de las personas, y el acceso a la justicia y la verdad.

Otras problemáticas que distinguieron a la gestión alfarista fueron la represión durante manifestaciones, las detenciones arbitrarias y las agresiones hacia defensores de derechos humanos y periodistas. En el actual sexenio, recordó Espacio Común, seis personas defensoras fueron asesinadas y un periodista fue desaparecido y luego localizado vivo tras ser liberado por sus captores.

“Este sexenio ha sido particularmente grave en materia de derechos humanos. Jalisco atraviesa una grave crisis que se ve reflejada, en primer lugar, por el número de personas desaparecidas. Hablamos de temas fundamentales como violación a derechos ambientales. En Jalisco hemos atravesado un sexenio caracterizado por ser un gobierno cerrado, autoritario y en permanente confrontación con periodistas, con defensores y con diferentes luchas del estado”, dijo María González Valencia, representante del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec).

La activista lamentó a la par que en el actual sexenio se perdiera “lo que nos quedaba de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; tenemos una comisión omisa y ausente”.

Espacio Común también consideró que el derecho al agua tampoco se garantizó en el gobierno de Alfaro Ramírez, así como que a la fecha se permite que los intereses económicos invadan bosques del estado y consuman los acuíferos. En acceso a la educación, a la alimentación, vivienda digna y justicia también hay pendientes, añadió.

10 exigencias

Con la finalidad de que se atiendan las problemáticas detectadas, Espacio Común lanzó 10 exigencias para la próxima administración. Van desde poner un alto a las desapariciones hasta terminar con la corrupción.

Otras son garantizar la protección de personas defensoras, periodistas y grupos en riesgo; parar la invasión de bosques y cuerpos de agua; atender las necesidades de alimentación, educación y cuidados de las y los jaliscienses, y generar políticas públicas de vivienda adecuada.

El colectivo añadió que presentará sus conclusiones a universidades para, en conjunto, darles seguimiento, aunque también esperará a que se resuelvan los juicios de inconformidad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentarlas ante autoridades electas con el fin de que sean asumidas como compromisos para los próximos seis años.

Observatorio busca resolver 5 casos de agravios en Jalisco

El Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad de Jalisco emitió su segundo informe de actividades y en él da a conocer que su objetivo es determinar causas y responsables, así como cerrar las heridas de cinco casos emblemáticos que “lastimaron la democracia, paz, convivencia y justicia social” de Jalisco.

Los casos en consideración son la defensa de la comunidad indígena Ayotitlán en la Reserva de Biósfera Sierra de Manantlán, asunto que arrastra 104 años de impunidad (1920-2024); las víctimas de la Guerra Sucia y la práctica de la tortura y la desaparición forzada en Jalisco, con 59 años de impunidad, y las víctimas de contaminación y degradación de los poblados asentados en la cuenca del río Santiago y el lago de Chapala, con 42 años de impunidad.

Pero también se contempla a las víctimas excluidas de las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, con 32 años de impunidad, y el caso de las familias víctimas de desaparición forzada derivada de la “guerra contra los cárteles” del narcotráfico, a partir del sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, con una impunidad de 12 años.

El observatorio recordó que nació con el objetivo de aumentar la efectividad en la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos, persecución y ecocidios, y porque había que integrar un mecanismo colegiado y ciudadano para impulsar la defensa integral de los derechos a la verdad y a la justicia en Jalisco. Ilse Martínez 

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