Organizaciones civiles exigen revisión de candidatura judicial de Francisco Herrera Franco

En el marco del proceso de renovación del Poder Judicial de la Federación, diversas organizaciones civiles, periodistas y colectivos defensores de derechos humanos solicitaron la revisión inmediata del perfil de Francisco Herrera Franco, candidato a juez federal en materia penal, por su presunto involucramiento en delitos graves, incluyendo asesinato de periodistas, extorsión a comunidades indígenas y colusión con el crimen organizado.

En un comunicado conjunto, organizaciones como Artículo 19, Defensorxs, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad expresaron su profunda preocupación ante la postulación de Herrera Franco, quien se desempeñó como fiscal regional en Michoacán durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles.

Los señalamientos en contra del aspirante incluyen su presunta participación en los asesinatos de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, del portal Monitor Michoacán, así como denuncias por fabricación de delitos, violencia institucional y presión a comunidades indígenas mazahuas para colaborar con grupos criminales.

“Francisco Herrera era conocido como el fiscal del terror en Michoacán, por su historial de violaciones a derechos humanos y su presunto pacto con líderes del crimen organizado en la región de Zitácuaro”, señalaron las organizaciones.

Además, circulan grabaciones filtradas en las que se le escucha presuntamente negociando con miembros del crimen organizado, hechos que hasta ahora no han sido investigados a fondo por las autoridades competentes.

A pesar de este historial, Herrera Franco fue postulado como aspirante a juez penal en Michoacán por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, lo que ha encendido las alertas entre colectivos defensores de la legalidad y la justicia.

Ante esta situación, los firmantes del pronunciamiento exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que evalúen con urgencia la idoneidad del perfil del candidato, y que en caso de no cumplir con los requisitos constitucionales para el cargo, se retire su candidatura.

También solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que atraigan las investigaciones relacionadas con los asesinatos de los periodistas y las demás denuncias pendientes.

“Como sociedad, no podemos permitir que quienes cuentan con serias acusaciones de corrupción, violencia y complicidad con el crimen organizado intenten ser ahora los principales responsables de la impartición de justicia”, concluye el comunicado.

Las organizaciones hicieron un llamado a la sociedad civil a no normalizar la presencia de perfiles cuestionables en cargos clave del sistema judicial, y recordaron que la justicia solo es posible cuando quienes la imparten actúan con integridad, imparcialidad y compromiso con los derechos humanos.

GR