Senado pausa Ley de Desaparecidos para escuchar a colectivos

La senadora Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, anunció que la pausa en la iniciativa de reforma a la Ley de Desaparición de Personas responde al compromiso de escuchar a madres buscadoras y colectivos con experiencia directa en esta crisis humanitaria.

Valdez Martínez subrayó que, si bien se ha detenido momentáneamente el avance legislativo, el diálogo con los colectivos es indispensable para construir una ley más sólida y eficaz. “Queremos que esta nueva legislación se construya con quienes llevan años en esta lucha, desde 2015 que se creó la primera ley. Ellos saben lo que se necesita”, afirmó.

Entre las modificaciones propuestas, la senadora destacó la necesidad de:

• Crear un padrón nacional unificado de personas desaparecidas.
• Sancionar a las instituciones que no participen activamente en la búsqueda.
• Incrementar los recursos económicos destinados a las labores de localización.
• Homologar los protocolos de búsqueda en todas las entidades federativas.
• Fortalecer a las policías estatales para mejorar su capacidad de respuesta.

Valdez también hizo un llamado a sancionar a los funcionarios omisos o crueles, y reconoció que para combatir el problema de fondo se debe atender también el entorno cultural: “La apología de la violencia en los medios, la música o los videojuegos influye en el contexto que vivimos”.

En otro frente, la senadora criticó las recientes declaraciones del comisionado de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, Olivier de Frouville, al considerarlas carentes de información precisa y “una intromisión en la soberanía nacional”. Señaló que el funcionario no se ha pronunciado sobre otros conflictos internacionales y por ello solicitó su destitución.

Valdez Martínez defendió que actualmente no existe una política de Estado orientada a desaparecer personas, como, afirmó, sí ocurrió en las décadas de los 60 y 70 durante los gobiernos del PRI, cuando se perseguía a los opositores del régimen.

La discusión sobre esta ley se da en un contexto de creciente presión social por parte de familias y colectivos de buscadoras, que han exigido leyes más humanas, efectivas y coordinadas para enfrentar una de las crisis más profundas de derechos humanos en México.

GR