La Fiscalía del Estado (FE) informó que fueron imputadas y enviadas a prisión preventiva justificada las 40 personas detenidas el sábado 15 de noviembre tras los actos vandálicos registrados en el Centro de Guadalajara durante una manifestación.
De acuerdo con la autoridad, a los 35 hombres y cinco mujeres adultas se les imputó el delito de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Además, a tres de ellos se les añadió el cargo de daño en las cosas, mientras que otros cuatro también enfrentan imputaciones por lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.
Los defensores legales de las personas procesadas solicitaron el plazo constitucional de 72 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso será realizada el próximo jueves a las 9 de la mañana.
Respecto a los cuatro adolescentes detenidos en los mismos hechos, la FE señaló que se está a la espera de que la autoridad jurisdiccional determine la fecha y hora de audiencia correspondiente.
La institución agregó que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
EXIGEN LIBERACIÓN DE MANIFESTANTES
Antes de que la imputación a las 40 personas detenidas se concretara, el Frente Feminista de Jalisco y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) exigieron la liberación de las personas manifestantes detenidas el 15 de noviembre en el Centro de Guadalajara.
A través de un comunicado, el Frente dijo que entre las personas detenidas está una de sus integrantes, Cecilia Arredondo.
La organización dijo que ella iba pasando por la zona cuando fue detenida con violencia por parte de los policías. Señaló que las detenciones se habrían dado en un contexto de agresiones físicas, tratos crueles y actos de tortura.
A la par el Frente aseguró que lo del sábado no fue un hecho aislado, sino uno más de un actuar sistemático por parte de las corporaciones policíacas al momento de atender manifestaciones. Como ejemplos pusieron la represión ocurrida en julio de 2021 contra una manifestación en la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), así como el llamado halconazo tapatío ocurrido en junio de 2020.
“Este patrón incluye de manera sistemática la detención de personas que no participaban en la protesta: transeúntes, trabajadores, estudiantes y familias que circulaban por la zona. Entre las personas detenidas el 15 de noviembre hubo padres y madres de familia que únicamente realizaban compras del Buen Fin”.
Ante lo ocurrido hicieron cuatro exigencias: que se libere a las personas detenidas; que haya una investigación independiente y se sancione a los agentes que cometieron detenciones arbitrarias; que se revisen con urgencia los protocolos de actuación, y que haya garantías de no repetición.
Proyecto Migala condena brutalidad
Proyecto Migala Jalisco condenó mediante un pronunciamiento los hechos de brutalidad policiaca y detenciones arbitrarias de personas inocentes alrededor del palacio de gobierno tras la marcha de la Generación Z.
Lo señalado por proyecto Migala se centra en la presunta arbitrariedad de las detenciones y en la falta de claridad respecto al proceso legal de los manifestantes detenidos tras la movilización de la Generación Z.
La organización expuso que todas las personas detenidas fueron atendidas por un solo abogado, bajo un mismo caso, y que la mayoría fue arrestada cuando solo caminaba por la zona. También denunció la falta de registro y de explicación formal sobre los motivos de la detención en varios casos.
Antes de que se determinara prisión preventiva justificada para las personas detenidas, Proyecto Migala Jalisco exigió la liberación inmediata de quienes fueron arrestados injustamente. David González Jauregui
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