El estudio toxicológico realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a comunidades de la cuenca del río Santiago reveló la presencia de metales pesados en habitantes de El Salto y Juanacatlán, dio a conocer la asociación Un Salto de Vida. Se hicieron 200 análisis de sangre y orina, y 23.5 por ciento de la población considerada, especialmente niños, presentó arsénico en la sangre; el 100 por ciento de la muestra tuvo registros de plomo; el cadmio se detectó en 47 por ciento de los niños participantes y en 59 por ciento de los adultos, y el mercurio apareció en el 59 por ciento de los menores, por ejemplo.
Los resultados alertan sobre un riesgo generalizado a casi 233 mil habitantes de El Salto y casi 31 mil de Juanacatlán, que enfrentan riesgos a la salud, como cambios en la piel, neuropatías; daños renales, neurológicos y pulmonares; afectaciones óseas y al sistema nervioso; cáncer, bronquitis, infertilidad y otros. Hay crisis, pues, de salud ambiental.
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Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la glosa del primer informe de gobierno de la administración estatal, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, destacó diversos avances. Dijo que uno de los temas centrales fue la atención a la desaparición de personas. Peeero, que alguien le explique por qué no es cierto que Jalisco dejó el primer lugar nacional en casos registrados y que ahora se encuentra en el cuarto sitio, porque se basa en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, desactualizado cuando en el sexenio alfarista dejaron de subir los datos. Eso, entre otras falsedades señaladas por académicos.
La diputada Tonantzin Cárdenas le dijo algo que ningún informe puede ocultar: “Siguen siendo las madres buscadoras quienes encuentran primero las fosas clandestinas y los sitios de inhumación. Esa realidad demuestra que, pese a los recursos públicos y despliegues institucionales, la coordinación estatal no está logrando resultados”.
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Durante la comparecencia del secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, legisladores de distintas bancadas cuestionaron la efectividad de la estrategia estatal en la prevención del delito, la atención a las desapariciones, el equipamiento policial y la actuación en la manifestación vandálica del sábado. Aunque el gobierno presume modernización tecnológica y eficiencia presupuestal, los diputados señalaron que indicadores de seguridad y derechos humanos mantienen retrocesos, inconsistencias y falta de claridad institucional.
Además, cuestionaron la ausencia de una estrategia real para evitar el reclutamiento criminal de jóvenes, las contradicciones entre el registro estatal y el nacional de personas desaparecidas, y la falta de claridad en datos oficiales. El funcionario aclaró, dijo, subrayó, informó, pero no convenció. La inseguridad en Jalisco no se puede matizar.
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El viejo edificio número 31 de la calle Corona, en el Centro de Guadalajara, tiene la fachada rayoneada y con parches. Tablas cubren ventanas del primer piso. Sus dos puertas aledañas son tapadas por tablones largos. Una de las hojas de la puerta principal muestra daños tras resentir el fuego. Los balcones del segundo piso exhiben ventanales y puertas rotas, incluido el balcón central. Los vitrales quedaron agujereados por objetos lanzados. Al inmueble lo resguardan vallas inútiles ante el vandalismo. Tapatíos y paseantes observan y critican los destrozos. Sí, es otro el palacio de gobierno.
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