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SHP, cuestionada por el PVR y fideicomisos

SHP, cuestionada por el PVR y fideicomisos

Ayer continuó la glosa del primer Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro y tocó el turno al titular de la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP), Luis García Sotelo, quien enfrentó señalamientos sobre el uso de fideicomisos, retrasos en pagos a personal que realiza labores de búsqueda de personas y el esquema actual del Programa de Verificación Responsable (PVR).

El diputado sin partido Alejandro Puerto Covarrubias expresó preocupación por la transferencia de 915 millones de pesos a fideicomisos del Poder Ejecutivo, clasificándolos como una “caja negra”. Aseguró que estas operaciones generan pasivos ocultos, comprometen el gasto futuro y reducen el margen fiscal al no requerir autorización legislativa ni registrarse como deuda. 

En respuesta, García Sotelo sostuvo que todos los fideicomisos operan con transparencia y que las actas están disponibles en los portales oficiales.

Por su parte, la diputada de Futuro Tonantzin Cárdenas Méndez cuestionó el retraso en pagos, vía honorarios, a servidores públicos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej), que realizan trabajo de campo y exigió que nunca se retrasen recursos destinados a funcionarios involucrados en esta problemática ni a las víctimas indirectas.

El secretario respondió que, por la naturaleza del esquema de honorarios, los pagos requieren la entrega de informes y documentación antes de pasar a Tesorería. Aseguró que los pagos se realizan en cinco días y se comprometió a revisar el caso.

En otro tema, el coordinador legislativo de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, reconoció el aumento en la recaudación del refrendo a partir del Paquete 3x1 –consistente en un pago único de 900 pesos por refrendo, verificación y reemplacamiento–, pero criticó que una sola empresa, Worldwide Environmental Products (WEP), opere el PVR y lo vaya a hacer durante 19 años. Preguntó por alternativas para evitar esa concentración, reducir costos al erario y mejorar los resultados ambientales.

García Sotelo contestó que romper los acuerdos con WEP provocaría una complejidad jurídica significativa y un costo cercano a 20 mil millones de pesos (mdp). 

Por su parte, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Yussara Canales González preguntó si en 2026 la SHP solicitará nueva deuda pública, a lo que el secretario respondió que no está contemplado en el paquete fiscal, aunque aceptó que la deuda puede ser un instrumento válido para atender alguna contingencia o proyecto que beneficie a la población.

Ante los señalamientos de la oposición, la diputada emecista Gabriela Cárdenas Rodríguez respaldó la labor del secretario de Hacienda y defendió las decisiones tomadas durante la administración. Afirmó que el gobierno federal ha reducido los recursos destinados a Jalisco y que aun con recortes el estado “sale adelante”.

DESCARTAN DEUDA, PERO…

García Sotelo afirmó que para el próximo año no se contempla la contratación de deuda pública, aunque reconoció que los créditos pueden ser un instrumento válido para atender contingencia o proyecto que beneficien a la población.

Sedeco y Secturjal defienden resultados

Ante el Congreso local también comparecieron ayer las titulares de las secretarías de Desarrollo Económico (Sedeco) y Turismo Jalisco (Secturjal), Cindy Blanco Ochoa y Michelle Fridman Hirsch, respectivamente, quienes defendieron sus resultados en ambas dependencias.

El ejercicio inició con dos horas de retraso en el Congreso de Jalisco y la sesión se desarrolló mientras un grupo de manifestantes pro-Palestina ingresó al pleno con mantas y consignas por las posturas de Fridman Hirsch afines al gobierno de Israel. 

Esta última fue cuestionada por el diputado sin partido Alejandro Puerto Covarrubias sobre presuntas investigaciones en su contra en Yucatán, donde fue secretaria de Turismo; la transparencia en el manejo de los fideicomisos turísticos de Jalisco y sus posturas públicas respecto al conflicto en Palestina, a lo que Fridman respondió que no existe ninguna notificación ni procedimiento en su contra y que la glosa es un ejercicio de rendición de cuentas sobre políticas públicas, no sobre ideologías personales.

El petista Leonardo Almaguer Castañeda cuestionó a ambas secretarias por los bajos salarios de profesionistas en Jalisco, el uso opaco de recursos en promoción turística, el uso de subsidios y el impacto social del Mundial 2026.  En respuesta, Fridman sostuvo que la promoción turística es una inversión que genera derrama económica, mientras que la titular de Sedeco defendió que Jalisco ha impulsado empleos formales y prácticas empresariales sustentables a través de la Alianza Empresarial por el Clima.

En respuesta, Fridman evitó pronunciarse sobre el riesgo asociado a la violencia o a los hallazgos forenses y aseguró que no existe peligro de perder la sede, destacando la infraestructura, la derrama económica y el legado que dejará el Mundial; sin embargo, no respondió directamente a la pregunta sobre la pertinencia de realizar el evento en un entorno marcado por la presencia de restos humanos.

Por su parte, Enrique Velázquez cuestionó la falta de metas ambiciosas en los indicadores de Desarrollo Económico, la concentración del 69% de los recursos del programa Arriba Jalisco en la región Centro y Costa Sierra, la opacidad en el manejo de más de 62 millones de pesos de la Agencia de Entretenimiento de Jalisco, así como la falta de transparencia en la organización de Fiestas de Octubre y la escasa competitividad de su cartel artístico frente a ferias como Aguascalientes o León. 

Al responder, la secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco, evitó abordar directamente los cuestionamientos sobre la operación de las Fiestas de Octubre. La funcionaria se centró en aclarar que los indicadores utilizados provienen del plan estatal anterior, así como en defender la distribución regional de los recursos económicos y los programas dirigidos a fortalecer a las micro y pequeñas empresas, la formalización y el apoyo a municipios del interior del estado.

El diputado Velázquez insistió en que los datos que presentó provienen del propio informe del gobernador y pidió congruencia en la información reportada. 

 

jl/I

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