Luego de que el 24 de noviembre no se realizara por falta de quórum, este 2 de diciembre se llevó a cabo en el Congreso del Estado la comparecencia de la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), Fabiola Loya Hernández, como parte de la glosa del primer Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro.
Legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios confrontaron a la secretaria sobre la efectividad de las políticas públicas para atender violencias, desigualdades y brechas estructurales que enfrentan las mujeres en Jalisco.
La diputada de Futuro Mariana Casillas Guerrero afirmó que la SISEMH no está logrando incidir en la violencia estructural que viven las mujeres y sostuvo que, sin coordinación real con seguridad y justicia, los programas en la materia siguen siendo “asistencialistas e insuficientes” ante feminicidios, desapariciones y violencia vicaria.
Señaló que los modelos estatales operan más como discurso que como transformación institucional y exigió una estrategia que incluya movimientos feministas, comunidades marginadas y políticas de redistribución.
Loya Hernández defendió que sí existen políticas integrales a través del programa estatal de violencias, las mesas de la alerta de género y la estrategia Pulso de Vida, labores que, afirmó, son coordinadas con la Fiscalía del Estado (FE), Poder Judicial y Municipios.
Aseguró además que se realizan mapeos territoriales y certificación de personal, y que la mayoría de feminicidios registrados cuenta con responsables detenidos.
Por su parte, el diputado petista Leonardo Almaguer Castañeda advirtió que herramientas como Pulso de Vida y el chatbot de atención Violeta excluyen a miles de mujeres sin acceso a conectividad, lo que las convierte en políticas “que no se pueden usar”. Señaló además que no existen acciones contundentes para reducir la sobrecarga de cuidados pese a que las mujeres aportan 2.5 veces más trabajo no remunerado.
En respuesta, la titular de la SISEMH afirmó que el gobierno estatal impulsa un sistema de cuidados con 21 instituciones. Sobre Pulso de Vida, indicó que combina acciones digitales y territoriales, y que existen convenios para mejorar los mecanismos de respuesta inmediata en zonas alejadas.
La diputada priista Alondra Fausto de León pidió resultados tangibles frente a las brechas salariales y la limitada implementación de la Alerta de Violencia de Género, y recalcó que Jalisco se mantiene en los primeros cinco lugares nacionales en embarazo adolescente.
Loya Hernández informó que los embarazos en menores de 15 años bajaron 26.5 por ciento y en adolescentes de 15 a 19 años, 23.4 por ciento, aunque reconoció que la meta debe ser “tasa cero”.
Finalmente, la diputada morenista Itzul Barrera Rodríguez criticó que la violencia vicaria no forma parte de la agenda de la SISEMH, a lo que Loya Hernández afirmó que esta problemática requiere ajustes legislativos y pidió al Congreso tipificarla como delito autónomo.
Revelan precariedad en adultos mayores migrantes
En el Congreso local se llevó a cabo ayer la presentación del estudio La deuda social con los adultos mayores mexicanos radicados en Estados Unidos, el cual expone las condiciones de vulnerabilidad de las personas mexicanas mayores de 65 años que viven en Estados Unidos sin autorización migratoria, así como la propuesta para que este sector sea incluido en la Pensión Bienestar, al ser un derecho constitucional vigente para toda la ciudadanía mexicana.
El documento fue elaborado por la Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros y Jornaleras (Endilon) en colaboración con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la Universidad de Illinois en Chicago. El evento, auspiciado por Fuerza Migrante y Política, Sociedad y Análisis, fue organizado por el Centro de Investigaciones Legislativas, que fungió como anfitrión.
Joel Paredes, representante de Endilon en México, subrayó que, de los casi 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, cerca del 13 por ciento está en condición no autorizada y que dentro de éstos los adultos mayores viven en la mayor precariedad, pues 70 por ciento habita en viviendas rentadas y 3 por ciento vive en la calle.
El costo anual estimado para incorporar a este grupo a la Pensión Bienestar sería de 186 millones de dólares (mdd), cifra marginal frente a los 65 mil mdd que México recibe al año en remesas.
El evento concluyó con el llamado a reconocer la deuda social con los adultos mayores mexicanos no autorizados en Estados Unidos y a generar políticas basadas en datos para garantizar sus derechos. Miguel Ángel Vidal
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