Los diputados deberán decidir ya la reforma al Poder Judicial, que la tienen atorada de más de un año. Deberán elegir a dos magistrados o magistradas para el Supremo Tribunal de Justicia, aunque duren un año, pero se tienen que elegir.
También los diputados deben elegir a un nuevo auditor superior del Estado, porque termina su periodo. Actualmente están en proceso de evaluación los candidatos y candidatas. Además, requieren elegir a dos encargados de los Órganos Internos de Control o contralorías, tanto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia Administrativa.
Deberán, asimismo, sacar adelante la nueva ley de transparencia, debido a la desaparición del Instituto de Transparencia (Itei), que en el periódico oficial ‘El Estado de Jalisco’ publicó la extinción el día sábado 29 de noviembre. Es decir, se publicó el acta de defunción.
El Itei lo hemos perdido los ciudadanos. Después su operación de 20 años, los diputados, para garantizar nuestro derecho a saber, deben entonces armar y construir un nuevo modelo para garantizar nuestro derecho a estar informados.
Cualquier periodista que haya cubierto el Congreso del Estado por varios años y dé seguimiento a cómo se legisla sabe que puede suceder lo que en la práctica ha sucedido: las fracciones parlamentarias suelen negociar en lo oscuro y repartirse las posiciones. Y esto no es ningún secreto oculto que se revele ni es ser conspiracionista ni apocalíptico.
Con todas estas cosas que tienen que decidir, sobre todo cuando se trata de puestos, como el de auditor superior, las magistraturas, los titulares de los órganos internos de control, así como el fiscal anticorrupción que está por terminar su periodo, se puede dar la recurrente práctica de negociación política entre los partidos, las fuerzas políticas y los intereses de grupo, usando los puestos como cartas o tarjetas de intercambio.
“Cedo en esto, pero yo pongo al auditor, y tú eliges a los magistrados, y luego tú al fiscal anticorrupción”. Sin duda esa práctica pervierte la política porque reduce la política y las decisiones públicas a un intercambio de intereses.
Los ciudadanos tenemos cierta responsabilidad, mientras no nos involucremos y exijamos nuestro derecho a participar en las decisiones públicas, y acompañarlas para que evitar que se reduzcan a intercambio de intereses.
La elección de un auditor superior afecta a la sociedad; igual la elección de magistrados del tribunal es para bien o para mal de los ciudadanos, no de los políticos. La elección de esos puestos, los políticos lo ven como pérdida o como ganancia.
Si usted se hace la pregunta ¿dónde se da la corrupción?, el analista Mauricio Merino diría que la corrupción se da siempre en los puestos y en los presupuestos. Por eso los ciudadanos debemos ejercer vigilancia y atención.
Para eso necesitamos garantizar el derecho a saber. Y ahora con la extinción del Itei se reducen nuestras posibilidades del derecho a saber, se limitan y/o se complican. Aún queda el último bastión de la democracia, el INE, y que se va a definir con la reforma electoral. A más tardar en febrero.
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