En la reciente confrontación entre el Estado mexicano y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, por la crisis humanitaria derivada del incremento sostenido de la desaparición de personas en este país, hay una población invisible víctima de esa industria delictiva que lucra con la vida y seguridad de las personas: los migrantes y mexicanos retornados.
Así puede constatarse desde el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda en nuestro país, que revela que 251 personas migrantes están desaparecidas y no localizadas, mientras que otras 117 han sido localizadas con vida. De ese universo, el 67 por ciento, corresponde a hombres, el 32 a mujeres y el uno restante, es indeterminado.
En contraste con la invisibilidad de la que esta población es objeto por parte de las instituciones del Estado mexicano, las personas migrantes y retornadas son altamente visibles para las redes criminales que operan el secuestro, la trata, la extorsión, los trabajos forzados y la desaparición. Ellos son parte de una economía criminal en la que participan directa e indirectamente algunas autoridades de distintos órdenes, que ningún gobierno o partido en el poder ha querido reconocer y, mucho menos, combatir. Al menos no, durante las últimas décadas.
Para muestra, un botón: la Organización Internacional para las Migraciones ha documentado más de 6 mil muertes y desapariciones de migrantes en rutas que atraviesan México desde 2014. Esa es la proporción de la brecha entre los registros oficiales y la realidad. Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a esta población han señalado que las cifras de personas migrantes desaparecidas podrían ser superiores.
Las víctimas no denuncian porque desconfían de las autoridades o bien porque temen ser deportadas, y otras veces, porque ni sus familias saben que están en México; de manera que cuando desaparecen, nadie las busca. Salvo, cuando sus seres queridos, inician su búsqueda y acuden al auxilio y acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil.
Jalisco no es ajeno a esta realidad; aquí confluyen rutas migratorias, dinámicas del crimen organizado y una severa crisis de personas no localizadas. Las personas que regresan de Estados Unidos muchas veces sin redes de apoyo, sin empleo y sin acompañamiento institucional, quedan expuestas a reclutamiento forzado o a ser víctimas de desaparición. El subregistro lo agrava todo.
Sin datos confiables sobre cuántas personas migrantes están en tránsito o han sido retornadas, tampoco habrá políticas públicas, ni capacitación o presupuestos suficientes para protegerlas, porque sin registro no hay búsqueda y sin búsqueda no hay justicia.
Por eso, nombrar y reconocer esta crisis no es un exceso. Es apenas un punto de partida. La negativa del gobierno de México a atender el informe del Comité de la ONU alimenta la impunidad y aleja más al Estado de las víctimas. Claramente, pueden discutirse las cifras, competencias, avances y retos. El mayor riesgo, lo enfrentan las personas migrantes y retornadas: los sin registro.
X: @claudiaacn
jl/I
