El pasado 24 de marzo un adolescente de 15 años asesinó a balazos a dos maestras dentro de una escuela preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán, suceso que conmovió a la ciudadanía a nivel nacional, como cuando un niño o adolescente se suicida.
Lamentablemente, hasta cuando se presentan situaciones como estas las autoridades federales y estatales se posicionan y prometen que implementaran servicios psicológicos en las escuelas, pero una vez que se diluyó la noticia, la situación sigue siendo la misma de antes, unos cuantos psicólogos para cientos o miles de escuelas de educación básica. En casi todas las entidades del país se estima que en promedio hay un(a) psicóloga(o) para 15 ó 20 escuelas y trabajando en problemas de aprendizaje o de educación especial.
Incluso se han incorporado a los programas educativos temáticas sobre habilidades socioemocionales, pero deben trabajarlas las y los profesores asignados a los grupos y/o grados escolares, que viene siendo, para ejemplificar, como que pongamos a un ginecólogo a atender problemas de cáncer o a un contador a construir casas.
Lo que debemos entender es que la realidad social, familiar, escolar, tecnológica, cultural, etc. cambió y que nuestras niñas, niños y adolescentes hoy viven numerosos riesgos que les están generando múltiples y graves problemas: suicidios, adicciones, depresión, trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios, desapariciones forzadas, involucramiento en actividades delictivas con grupos criminales, acoso escolar, trastornos del dormir, etc., y que es imprescindible que se implementen de base servicios psicológicos de calidad e integrales en cada escuela pública y privada de educación básica.
En entidades como Nuevo León y Tamaulipas se ha logrado que por ley existan servicios de salud mental, y por tanto psicólogas y psicólogos trabajando en cada escuela, pero lamentablemente al no ir acompañada está obligación gubernamental con asignación de recursos económicos para hacerlos realidad, quedan en buenas intenciones y son letra muerta.
También debemos entender que las madres y padres de familia, las y los tutores, y las y los profesores deben continuamente estar capacitándose y actualizándose para prevenir esos problemas y para promover la salud mental desde su convivencia cotidiana con las niñas, niños y adolescentes.
En otros países como España, que tenían el mismo rezago, se ha ido avanzando con plena consciencia y paulatinamente para atender desde la escuela a las niñas, niños y adolescentes.
Hacemos un llamado a que las autoridades federales y estatales atiendan urgentemente esta necesidad; de no hacerlo, cada día lo lamentaremos más.
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