El reciente hallazgo de 229 personas migrantes hacinadas dentro de un tráiler que transitaba por el estado de Veracruz, en donde se encontraron a niñas y niños, no debería ser una noticia más en las agendas periodística, pública o ciudadana. Es una alarma nacional, que apenas se reporta en los espacios noticiosos y por desgracia, se normaliza y hasta se olvida frente a los distintos sucesos o emergencias que vivimos en este país.

Lo inquietante de este hecho en particular es la realidad y el contexto de inseguridad que habita en una caja metálica donde se comprimen 200 vidas sin ventilación; que pone de manifiesto la vigencia, la sofisticación y expansión de las redes de tráfico de personas y que coloca a nuestro país en un corredor estratégico para el crimen.

En este país ya a nadie sorprende que esa industria haya diversificado sus actividades hacia el “traslado” de personas como mercancía rentable. Cada tráiler, cada casa de seguridad, cada embarcación clandestina es parte de una cadena que incluye: reclutadores; transportistas; vigilantes; arrendadores de casas de tránsito y enganche; pseudo médicos, autoridades omisas y cómplices igualmente criminales en los tres órdenes de gobierno.

Porque ¿cómo entonces se explica la movilización de cientos de personas sin que nadie lo note? No se cruzan carreteras federales, retenes, casetas, municipios enteros sin que mantengan cómplices y zonas de tolerancia institucional.

En este caso en Veracruz, las personas fueron encontradas no por un operativo de protección, sino porque el tráiler fue asegurado por un reporte de robo, según se desprende de las primeras versiones de la fiscalía estatal y, ya en un depósito para el resguardo de ese automotor, otras personas, ciudadanos que laboran en ese lugar, escucharon golpes y voces gritando auxilio desde dentro.

Dicho de otra forma: no fue el Estado mexicano el que identificó a estas personas o el que protege sus vidas; fue el azar y la buena voluntad de quienes se encontraban en el lugar, los que evitaron una nueva tragedia para las personas en situación de movilidad.

Las autoridades ciertamente reaccionan, administran la crisis, pero no desmontan las redes criminales. Aseguran y abaten a líderes de grupos delictivos pero la industria que mueve al crimen continúa viva y activa. Las personas migrantes y organizaciones de la sociedad civil que atienden a esta población han documentado estos delitos, lo mismo que la corrupción, la dilación en trámites y abandono institucional.

En ese tráiler viajaban personas que huyen de la violencia, la pobreza o la desesperanza.

Personas que toman decisiones en contextos de extrema vulnerabilidad. 

Las redes de tráfico de personas requieren permisividad; autoridades que miren hacia otro lado y sistemas que fallen permanentemente.

La evidencia muestra que tratándose de personas migrantes no hay investigaciones profundas, ni responsables sancionados, ni desmontaje de estructuras. 

Hace tiempo que el Estado mexicano debe ocuparse, y la sociedad también puede, al menos, incomodarse. Humanizar no se trata de sentir empatía, sino también de reconocer responsabilidad.

X: @claudiaacn

jl/I