Ayer, durante la mesa de trabajo para actualizar la propuesta de Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco, autoridades y especialistas propusieron fortalecer los sistemas municipales de protección a menores, reconocer legalmente a las familias de acogida como una medida temporal e incorporar en la legislación temas como el ‘grooming’, ‘sexting’ y abuso sexual infantil en redes sociales, además de fijar plazos de 90 días para resolver juicios de pérdida de patria potestad.
Durante el foro, realizado en el Congreso local, la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) Jalisco, Thais Loera Ochoa, advirtió que las violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes pasaron de 6 mil casos en 2015 a más de 186 mil en la actualidad, por lo que propuso fortalecer los sistemas municipales de protección con personal capacitado y bien remunerado, además de sustituir términos como “menores de edad” por “niñas, niños y adolescentes” al considerar que el lenguaje actual puede resultar discriminatorio.
La diputada emecista e impulsora de la reforma a la ley, Gabriela Cárdenas Rodríguez, explicó que la iniciativa busca dejar atrás un modelo asistencialista y avanzar hacia una política basada en la garantía de derechos, con énfasis en la primera infancia, la salud mental, la prevención de adicciones y el acogimiento familiar como alternativa temporal a la institucionalización.
Por su parte, la consejera jurídica del gobierno del estado, Tatiana Anaya Zúñiga, urgió a legislar sobre ‘grooming’ y ‘sexting’ al advertir que la violencia digital puede derivar en consecuencias graves para adolescentes. También planteó sanciones a autoridades que mantengan a menores en indefensión o prolonguen innecesariamente procesos de restitución de derechos.
La titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), Sandra Trelles Rivas, destacó la inclusión del certificado de abandono, figura que permitiría agilizar la situación jurídica de niñas y niños abandonados en hospitales, así como el establecimiento de un plazo de 90 días para resolver juicios de pérdida de patria potestad.
Las propuestas planteadas durante la mesa serán analizadas para su incorporación en la iniciativa de reforma que busca fortalecer los mecanismos de protección, agilizar procesos jurídicos y actualizar el marco legal.
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