Hace unos días, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que México adelantaría el cierre del año escolar 2025-2026 por el Mundial de Futbol y la ola de calor. Así, las clases terminarían el 5 de junio, 40 días antes del cierre previsto, y las clases reiniciarían el 31 de agosto.
El recorte del ciclo escolar ha sido rechazado por padres, maestros, empresarios y políticos de todo el país. Particularmente, los gobiernos de Jalisco, Nuevo León y Guanajuato han confirmado que mantendrán el ciclo escolar tal como estaba originalmente programado.
El anuncio federal es cuestionable si se consideran los indicadores de rezago educativo y de desempeño académico del país. Según el Imco, hay 24.2 millones de personas con rezago educativo y que el 66 por ciento de los estudiantes no dominan las operaciones matemáticas básicas.
¿Qué efectos tendría el recorte del ciclo escolar? Los efectos, en primera instancia, se reflejarían en pérdidas de aprendizaje y en disrupciones en la planeación escolar. Más importante, los efectos se reflejarían en una mayor carga de cuidados de los hogares.
Según el Imco, el recorte implica que los hogares destinarán 100 horas adicionales para cubrir el tiempo de cuidado de los estudiantes. Así, el tiempo destinado a las tareas del hogar y cuidados se elevaría a 259 horas. Este tiempo, cabe señalar, lo absorberían principalmente las mujeres.
El mayor tiempo de cuidado tiene costos de corto y mediano plazos. El costo de corto plazo refiere a la salida del mercado laboral de las personas cuidadoras. Los costos de mediano plazo refieren a la salida del mercado laboral, pero también, al mayor rezago educativo y a la menor productividad.
Estos costos pueden estimarse con base en algunos supuestos. Estos refieren al salario promedio femenino (8 mil 500 pesos mensuales), la PEA femenina (25 millones de mujeres), la proporción de madres en la PEA (40 por ciento) y la participación de Jalisco, Nuevo León y Guanajuato en el PIB nacional (19.8 por ciento).
Las estimaciones muestran que el recorte tendría costos muy altos para el país. Los costos de corto y mediano plazos superarían, respectivamente, los 68 y los 196 mil millones de pesos. Estos costos, cabe señalar, asumen que Jalisco, Nuevo León y Guanajuato no participan en el recorte.
Las estimaciones también validan propuestas concretas de la sociedad civil con respecto a las políticas públicas. La Red de Académicas de Jalisco, por ejemplo, señala que las decisiones de política educativa deben sustentarse en análisis de impacto con perspectiva de género.
En mi opinión, los posicionamientos de los gobiernos de Jalisco, Nuevo León y Guanajuato, la Red de Académicas de Jalisco y otros miembros de la sociedad civil, sin duda, son correctos. El desarrollo económico de México requiere avances, no retrocesos, en su sistema educativo.
*Profesor-investigador de la UdeG
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