Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco protestaron ayer y cerraron la circulación en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la delegación central de Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en reclamo a las omisiones en la identificación de cuerpos y el retraso en la entrega a las familias. El caso de Juan Antonio Olmeda Belmontes, hijo de Conchita Belmontes, desencadenó la nueva ola de indignación y enojo en las familias, ya que las autoridades encontraron sus restos desde hace 10 años y apenas se notificó a la familia.
A lo anterior se suma que el IJCF aún no ha entregado los restos y que en el proceso hay revictimización.
El caso, difundido esta semana, orilló a las familias a cerrar la circulación, de manera intermitente, en la avenida Lázaro Cárdenas ayer por la tarde. El cierre se realizó sólo en el sentido hacia la Central Nueva.
Indira Navarro Lugo, lideresa del colectivo, recriminó el trato que reciben las familias en el Servicio Médico Forense (Semefo) y las omisiones que alargan el dolor de las buscadoras.
Lamentó que tanto el colectivo como la familia de Juan Antonio se hayan enterado de que su cuerpo pudo haber sido disuelto en ácido al ver las noticias en los medios de comunicación, ya que el director del IJCF, Axel Rivera Martínez, lo comunicó ante reporteros, pero no previamente con Conchita.
“A veces dan información, hacen una rueda de prensa, cuando la víctima no sabe detalles del caso y esto toma por sorpresa también. Eso es revictimización. Conchita no tenía los detalles de qué fue lo que realmente pasó con su hijo, lejos de toda esta agonía, de que aparte le dicen que estuvo (en el Semefo) a los seis días de que fue desaparecido su hijo, enterarse también por medios los detalles, esto es revictimizante”, dijo Navarro Lugo.
En respuesta, el colectivo y la familia pidieron que haya transparencia en el caso y que se muestren a la familia los peritajes realizados para llegar a la conclusión que se difundió en rueda de prensa.
“¿Quién dice si es verdad si ellos no están mostrando todos los dictámenes de criminalística, las fotografías de condición al levantamiento?, ¿quién procesó el sitio en primer lugar y todo lo que conlleva y que vaya saliendo?”, cuestionó.
NO ES EL ÚNICO CASO
Lo que está ocurriendo con el caso de Juan Antonio preocupa al colectivo porque es una muestra de la situación de crisis que se vive en el Semefo jalisciense. Navarro Lugo cuestionó: ¿cuántos casos más habrá en la misma situación?
Y efectivamente el de Juan Antonio no es el único. Además de las historias que anteriormente se han difundido en medios de comunicación, ayer en las afueras de la delegación central de IJCF estaba Liliana Espinoza Martínez, madre de Juan Carlos Moreno Espinoza, quien fue desaparecido con violencia en Chulavista, Tlajomulco de Zúñiga, en diciembre del año pasado. Hombres armados se lo llevaron y dispararon a la familia.
Ella ya reconoció, gracias a los tatuajes, el 90 por ciento del cuerpo de su hijo, exhumado de una fosa localizada en Alta California, en Tlajomulco; fue hallada en abril por Guerreros Buscadores.
No obstante, en el IJCF no le quieren entregar el cuerpo y le pidieron regresar en un mes para ver si identifican el resto del cadáver, por lo que exigió que la institución haga su trabajo en el Semefo y aceleren los procesos de identificación para la entrega del cuerpo de su hijo.
Silvia Zendejas, madre de Eduardo Alberto González Zendejas, también acudió con una situación similar al IJCF. Su hijo desapareció en Vistas de Tesistán, Zapopan, en octubre de 2023.
Ayer, entre los documentos que llevaba en una carpeta, se encuentra una fotografía de un brazo extraído de la fosa de Camino al Alemán, hallada el año pasado en Zapopan. Esa imagen la compara con el brazo de su hijo y encuentra trazos similares a un tatuaje.
Acudió al Semefo y le dijeron que ese segmento no lo tenían en el sistema, por lo que al día de hoy no se ha hecho la confronta. Ya pasó un año y no pueden resolverle, siquiera, dónde está ese brazo.
Esta situación debe parar, sentenció Navarro Lugo. Durante la protesta elevó la exigencia al gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro, para que se destinen recursos suficientes al IJCF y éste contrate al personal necesario para las labores de identificación forense.
Mientras tanto, ayer la respuesta de Ciencias Forenses a la manifestación en Lázaro Cárdenas fue cerrar la puerta de la reja de sus instalaciones en cuanto llegó el contingente con lonas. El cierre en la avenida comenzó hacia las 18 horas y hasta las 20 horas continuaba.
Organizaciones exigen a ONU actuar con urgencia ante desapariciones
Organizaciones, colectivos y familias de personas desaparecidas de todo el país dirigieron una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, con el fin de pedir que no se postergue la revisión en la Asamblea General del caso mexicano sobre las desapariciones generalizadas y sistemáticas.
Recordaron que en abril el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU determinó elevar a la Asamblea General el caso mexicano, pero desde entonces el proceso no avanza.
Por ese motivo se le pidió al secretario que su oficina traslade de manera inmediata y prioritaria el asunto a la Asamblea General a fin de que se evite cualquier dilación que contravenga el espíritu de urgencia del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
También se le solicitó que se publique información clara y accesible sobre el procedimiento formal que seguirá la
comunicación enviada por el CED; que se brinde una hoja de ruta con los plazos estimados para el tratamiento de esta cuestión en la agenda del período de sesiones de la Asamblea General, y que se establezcan los canales necesarios para asegurar que los familiares de personas desaparecidas y las organizaciones acompañantes puedan participar en el seguimiento de este proceso.
“La Asamblea General tiene la oportunidad histórica de marcar la pauta y establecer el estándar internacional para futuros contextos que requieran una intervención de esta magnitud”, mencionaron las organizaciones. Lauro Rodríguez
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