La entrega de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, a las autoridades de Estados Unidos pone bajo presión a los políticos señalados por el Departamento de Justicia de tener presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
La acusación formal, presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, incluye a diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, a quienes se les atribuye haber protegido operaciones de narcotráfico, filtrado información oficial y recibido sobornos millonarios.
Según la investigación de los fiscales, la red operó desde distintas posiciones de los gobiernos estatales y municipales para facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Las autoridades afirman que los implicados ofrecían protección institucional y policial al grupo criminal a cambio de dinero, apoyo electoral y favores.
GR
