El pasado martes 12 de mayo se presentó en la sede del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ del ITESO el Informe ‘Desapariciones en México de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos’, la CIDH, en las voces de Tania Reneaum, secretaría ejecutiva; así como de Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la Comisión. Se trata de un documento público, que en Jalisco estuvo dirigido, en particular a varios colectivos y familiares de personas desaparecidas que se congregaron en torno al evento.
Algunos de los hallazgos más relevantes del informe son que la desaparición en México es generalizada, y sus víctimas directas son mayoritariamente hombres jóvenes. Además, existen riesgos diferenciados para las mujeres, niñas, niños y adolescentes, las personas de la comunidad LGBTIQ+, las personas migrantes, las familias de los y las desaparecidas y las personas periodistas.
El informe ’Desapariciones en México’, de la CIDH, también señala la existencia de una emergencia que requiere atender la identificación adecuada de miles de cuerpos que permanecen en instituciones forenses a lo largo del territorio nacional.
En el caso de las desapariciones, persiste una impunidad casi total, ya que en la mayoría de los casos no hay responsables identificados, no se llega a juicios y hay pocas sentencias por este delito y violación al derecho más básico de las personas, que es la vida, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este organismo de alcance internacional reitera que, ante la falta de acción de las autoridades, en México las familias son el principal motor de búsqueda de sus seres queridos. La mayoría de las buscadoras son mujeres, que enfrentan riesgos y asumen la responsabilidad y labor que corresponde al Estado. Finalmente, se señala como perpetrador de la mayoría de las desapariciones al crimen organizado, aunque la desaparición cometida directamente por agentes estatales no se ha erradicado, pues abundan los casos documentados donde existe convivencia entre el crimen organizado y agentes estatales.
En días posteriores de la presentación del Informe de la CIDH, leí y escuché múltiples opiniones por parte de articulistas y de personas académicas que demeritaban el alcance y trabajo de la Comisión. No rindo pleitesía a esta organización intergubernamental. Sin embargo, me gustaría traer a la memoria pública, el papel encomiable de la Comisión y de la Corte Interamericana que derivaron en cambios constitucionales en nuestro país.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos y de amparo que trajo el reconocimiento constitucional de los tratados de derechos humanos, principio pro-persona, y control de convencionalidad. La limitación al fuero militar en caso de violaciones a derechos humanos contra civiles. Ajustes en materia de derechos políticos y electorales para garantizar el derecho de ser elegido y la participación política. Regulación más estricta de los delitos de feminicidio y tortura, así como protocolos de investigación.
Cada uno de estos cambios fueron posibles gracias al tesón y la digna rabia que víctimas directas e indirectas de estos agravios, así como las organizaciones de la sociedad civil que los acompañan. Al encontrar obstáculos operativos e institucionales en México, tuvieron que apelar a la Comisión y posteriormente a la Corte para la búsqueda de justicia.
En conclusión, reconocemos que los mecanismos regionales para la procuración de justicia son largos y llenos de vicisitudes. Sin embargo, en algunas ocasiones, a partir de sus resoluciones, los Estados como México modifican su andamiaje constitucional abrazando estándares de protección de derechos humanos.
*Director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO
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