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Agremiados del Poder Judicial local protestan por reducción salarial

(Foto: Humberto Muñiz)

Desde las ocho horas de este jueves fue bloqueada la entrada al Palacio de Justicia, al igual que el cruce de avenida Miguel Hidalgo y calle Belén, en la Zona Centro de Guadalajara, por personal administrativo y auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.

Esto debido a las afectaciones que les ha representado la política de austeridad promovidas por el Gobierno del Estado y la falta de aumento en sus sueldos.

“Nuestros magistrados y presidente, Ricardo Suro Estéves, nos manejó que dada esta nueva política nos hemos visto afectados el sueldo de los trabajadores. Esta situación nos parece irrisoria dada a que la política de autoridad iba dirigida a políticos de alto mandos, como se puede entender los magistrados”, declaró María Vanesa Cuellar López, quien ha laborado 12 años en el organismo.

Los manifestantes, quienes hicieron paro de labores, señalan que se les removieron ciertas prestaciones como es el cheque del treceavo mes y acreditaciones profesionales, además de variaciones sobre el impuesto sobre la renta (ISR).

“Nos parece ilógico que los magistrados nos den una cuenta y digan: ‘¿Saben qué? No hay dinero, se nos terminó un techo económico con lo que les ayudamos a pagar ISR y ahora sólo les vamos a aumentar alrededor de 200 pesos’. Incluso algunas compañeras están ganando menos dinero”, agregó Cuellar López.

Dice que es incongruente la no homologación de sueldos con otras dependencias del mismo Poder Judicial, como el Consejo de la Judicatura o Tribunal de lo Administrativo, donde aseguran se presenta menor carga laboral.

“A nuestros relatores les aumentaron 15 pesos al mes y a los notificadores 6 mil pesos. Entonces sí había los ingresos para que se nos diera un aumento considerable porque realmente el trabajo del Supremo Tribunal sale por el personal, y se siguen dando casos de aviadores que incluso acepta ganar la mitad de su sueldo normal con tal de compartir un nombramiento con otra persona”, detalló la burócrata.

Finalmente, los inconformes señalaron que algunos de ellos fueron amenazados con que se les levantarían actas administrativas.