Ejes de acción contra las desapariciones

El Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas es una instancia creada por la Universidad de Guadalajara en 2019 con tres ejes de trabajo fundamentales: ser una entidad universitaria dedicada al análisis, la reflexión y la propuesta sobre los temas relativos a la desaparición de personas; elaborar posicionamientos institucionales en esta materia, incluyendo recomendaciones; y recabar las evidencias necesarias para el análisis del tema.

Durante más de cinco años, el comité ha emitido diversos pronunciamientos, advirtiendo sobre la necesidad urgente de atender el grave problema social que constituyen las desapariciones en Jalisco, siempre llamando a poner a las víctimas y a sus familiares en el centro de las políticas públicas y de las acciones de las autoridades.

En el contexto de la transición hacia una nueva administración al frente del gobierno de Jalisco, el comité ha decidido expresar un posicionamiento con ejes de acción indispensables. Este llamado busca insistir en una agenda pública abierta a la ciudadanía que, a través de la reflexión colectiva, permita trazar estrategias urgentes para Jalisco.

Reconocer el horror y la magnitud de la tragedia. Antes que nada, es indispensable aceptar la gravedad de la situación. Aunque las desapariciones en Jalisco no comenzaron con la actual administración, las cifras son alarmantes: de las 15 mil 882 personas reportadas como desaparecidas hasta octubre de este año, 9 mil 476 ocurrieron en los últimos seis años. Solo en el último mes se registraron 300 nuevas denuncias. De las personas localizadas, 2 mil 722 han sido encontradas sin vida.

Garantizar la máxima publicidad de la información. En la actualidad, prevalecen el silencio, la negación del problema y la publicación de cifras poco confiables. La mitad de las denuncias activas carece de cédulas de búsqueda, y las pocas cédulas publicadas suelen aparecer tarde, con difusión limitada y sin elementos de contexto. Además, no se generan boletines de prensa, estudios, análisis de contexto, mapas, estadísticas o bases de datos confiables que permitan comprender la situación y prevenir las desapariciones.

Superar el rezago institucional y romper los pactos de impunidad. Desde hace más de una década se ha subestimado la gravedad y la extensión del problema, las propuestas gubernamentales han sido rebasadas, los esfuerzos han sido insuficientes, tardíos y, con frecuencia, más orientados a disimular que a resolver. Es evidente la falta de personal capacitado, recursos adecuados y buenas prácticas en las instituciones.

Colocar las demandas de justicia en el centro de la acción institucional y establecer políticas de la memoria y construcción de paz: el estado está obligado a garantizar no solo el derecho a la verdad y la justicia, sino también a la memoria. Es insoslayable instituir y respetar procesos de construcción de memorias colectivas con relación a violaciones de derechos humanos, violencia política y represión.

Se hace un llamado a recuperar la indignación colectiva ante las desapariciones, dejando claro que ninguna de ellas es normal ni aceptable.

También es necesario visibilizar que hay una cantidad mínima de sentencias por el delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, lo que significa una impunidad casi total. Hay ausencia de políticas públicas para atender a la niñez afectada por la desaparición de sus padres y los mecanismos de atención previstos en la propia legislación vigente no han terminado de implementarse.

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