Cambios legislativos a favor de las mujeres

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (468 votos) de los seis grupos parlamentarios el dictamen que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución. Estas modificaciones refieren a la igualdad sustantiva, la inclusión de perspectiva de género en las instituciones de seguridad pública, fortalecen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y buscan erradicar la brecha salarial por razones de género.

El concepto de igualdad sustantiva se refiere a lograr una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Esto implica que ambos tengan las mismas oportunidades, derechos y trato, además de trabajar para cambiar las barreras estructurales y sociales que perpetúan la desigualdad.

La perspectiva de género será un mandato obligatorio para las instituciones de seguridad pública, lo cual permitirá establecer políticas que atiendan de manera diferencial y especializada las acciones de estas corporaciones para que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia.

Se reforma la Constitución para consolidar la paridad de género en todos los niveles de representación política. Esto significa que no solo en los procesos electorales, sino también en las designaciones de las personas titulares en la administración pública federal del Poder Ejecutivo y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios, se debe mantener una representación igualitaria de hombres y mujeres, con la intención de que las decisiones políticas incluyan una perspectiva de género.

Una de las reformas más trascendentes es avanzar en la creación de políticas que aborden la discriminación estructural y garanticen condiciones justas en el ámbito laboral. El cambio en el Artículo 123 constitucional incorpora la perspectiva de género, debiendo tomarse medidas para erradicar la brecha salarial, así como la creación de políticas que protejan a las trabajadoras de prácticas discriminatorias o de violencia laboral.

En el documento de estudio de la Reforma Constitucional se reconoce que, a pesar de que la ley no hace distinciones de género, las mujeres siguen enfrentando desigualdades debido a prácticas sociales y económicas que las colocan en desventaja. Por ejemplo, en México las mujeres ganan en promedio solo 80 por ciento del salario de los hombres por trabajos de igual valor.

Las mujeres también enfrentan condiciones laborales precarizadas, falta de acceso a pensiones contributivas debido a trayectorias laborales cortas en la economía formal, dificultades para la crianza, pues tradicionalmente el trabajo de cuidados no remunerado recae casi por completo en las mujeres mexicanas, acoso laboral y una representación mínima en las funciones sindicales.

Cambiar la Constitución es un paso importante, pero las disposiciones ahora deben traducirse en políticas públicas y acciones de gobierno. Transformar una sociedad con prácticas misóginas tan arraigadas es un desafío que debe también involucrar a todos los niveles del sistema educativo nacional, con el fin de formar a las nuevas generaciones en el respeto y el derecho de las mujeres a vivir vidas libres de violencia y a tener las mismas oportunidades para su desarrollo personal y profesional.

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