Lemus: retos ante la inseguridad

Se dice que el cambio de gobierno renueva las esperanzas de la población. Para el grupo político o candidato triunfador implica un compromiso de gobernar bien y, con ello, validar el voto de la ciudadanía. En las elecciones locales, Jalisco ratificó la alianza de fuerzas conservadoras que llevó a Enrique Alfaro al poder en 2018 y que ahora tendría continuidad con Pablo Lemus.

El desafío es enorme. El estilo de gobierno de Alfaro, caracterizado por la confrontación con el gobierno federal, con instituciones como la Universidad de Guadalajara, con las familias de las víctimas, sus constantes cuestionamientos a la prensa y la falta de resultados en temas fundamentales para la tranquilidad ciudadana, contrastó con los beneficios otorgados a la mafia inmobiliaria, la privatización de servicios y obras públicas, así como las grandes deudas contraídas que tendrá que pagar la población durante decenas de años.

Enfrentar la inseguridad y los delitos de alto impacto (homicidios, feminicidios, secuestros, desapariciones, extorsiones, robos, narcomenudeo) requiere una estrecha colaboración entre las instituciones de seguridad pública y aquellas dedicadas a prevenir las causas de la violencia. Es indispensable una coordinación eficaz entre los niveles municipal, estatal y federal. Se necesitan estrategias de atención inmediata, así como planes de acción integral. Las corporaciones de seguridad deben ser depuradas, capacitadas, bien equipadas, con salarios dignos y una formación basada en el respeto a los derechos humanos y la integridad profesional.

Es crucial combatir la impunidad y la corrupción. La posibilidad de cometer un delito sin afrontar consecuencias legales es una de las principales causas del incremento de la inseguridad. Ni siquiera los delitos que ponen en riesgo la vida, como el feminicidio o las desapariciones, cuentan con investigaciones ágiles que concluyan con sanciones a los responsables. En casos de delitos contra el patrimonio, como el robo en sus distintas modalidades, es prácticamente imposible que los responsables enfrenten la justicia.

La atención integral a las víctimas y sus familias debe ser una prioridad para el nuevo gobierno estatal. Esto requiere una postura abierta al diálogo y a la escucha de sus necesidades específicas, así como ajustes a la legislación, como la Ley de Víctimas y las instituciones derivadas de ella. Además, es esencial desarrollar políticas públicas que atiendan a quienes han sido agraviados, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes que han quedado en la orfandad debido al feminicidio o la desaparición de sus padres.

Recuperar la tranquilidad en los municipios es una tarea impostergable. En las zonas rurales del estado, hay territorios donde grupos del crimen organizado disputan el control a las autoridades locales, carreteras y caminos se han vuelto intransitables por la inseguridad. Las estrategias implementadas, como los operativos (volantas) enfocados a la revisión de portación de armas, dieron nulos resultados. En este aspecto es fundamental una colaboración estrecha con la Federación.

También deben establecerse políticas que atiendan los rezagos económicos y las condiciones de inequidad en colonias y municipios, que coadyuven a resolver las causas sociales que originan la violencia y el delito, así como desarrollar estrategias amplias para la prevención de la inseguridad teniendo en el centro de atención a las víctimas y el interés por el bienestar y tranquilidad de la población.

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