Ayotzinapa: 10 años (Parte 2)

La lucha de las madres, padres y familiares de Ayotzinapa en la exigencia de búsqueda, localización y justicia para sus hijos desaparecidos vuelve a resonar con fuerza al cumplirse 10 años de la desaparición forzada de 43 jóvenes futuros maestros. A lo largo de este tiempo, el dolor de las familias, la desesperación ante la lentitud de los avances y la indignación por la falta de respuesta de las autoridades son más que evidentes y completamente justificadas.

Como mencioné en la columna anterior, he tenido la oportunidad de acompañar esta lucha y contribuir, desde un ámbito académico con compromiso social, mediante acciones y reflexiones sobre lo ocurrido en septiembre de 2014, con el fin de denunciar el grave crimen de lesa humanidad que representa la desaparición forzada.

Violencias y múltiples violaciones de derechos humanos. La agresión contra los normalistas de Ayotzinapa concentra todas las violencias posibles: acciones directas que resultaron en muertes, lesiones y desapariciones. Un cúmulo de violencias sistémicas y estructurales presentes en el entorno social de los estudiantes, quienes, por su origen y condición socioeconómica, eran frecuentemente estigmatizados y criminalizados por su lucha en defensa de las normales rurales y la educación pública.

Necropolítica, vidas descartables. Dentro de la lógica del capitalismo neoliberal y su expresión necropolítica, ser pobre, indígena, de una comunidad rural o afrodescendiente convierte a las personas en sujetos descartables. El discurso protector de los derechos humanos choca con la realidad expresada por los padres a lo largo de la investigación: “No hay acceso a la justicia para nosotros los pobres”.

Mentira histórica. Existe una gran responsabilidad del gobierno de Peña Nieto en el ocultamiento y tergiversación de la verdad. Distintas instancias jurisdiccionales han determinado que se trató de una acción deliberada para crear una narrativa que encubriera lo sucedido y protegiera a los responsables. Construir una investigación diferente, con las víctimas en el centro de la atención, fue uno de los ejes de trabajo del Grupo de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) en su colaboración con los padres de los 43. Esa exigencia sigue vigente en la investigación actual.

Afectaciones a las familias y estudiantes sobrevivientes. Aún prevalecen muchas ausencias en la atención a las familias y en el apoyo a los estudiantes sobrevivientes. El GIEI estableció como prioridad que las necesidades de las víctimas estuvieran en el centro de la atención. Los impactos en el proyecto de vida, así como en la salud física y mental de las familias de los 43, son innumerables. Los padres han expresado: “Sentimos un dolor tan profundo que nos rompe el corazón”.

Crimen de Estado y dificultades para romper los pactos de silencio. Si bien la investigación actual ha reconocido que se configura el delito de desaparición forzada y se trata de un crimen de Estado, aún no ha sido posible romper los pactos de silencio que impiden conocer el paradero de los normalistas y sancionar a todos los responsables del crimen.

Deber de recordar. La memoria es una de las formas de lucha contra la impunidad. Es necesario nombrarles y mantener presente la exigencia de verdad y justicia, acompañando solidariamente a las familias de los 43 y de los más de 100 mil desaparecidos en México.

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