Más de 15 mil desaparecidos en Jalisco

El portal oficial (Registro Estatal de Personas Desaparecidas) actualizado al 30 de junio de 2024 indica que en el estado de Jalisco habría más de 15 mil personas desaparecidas. Esto sitúa a nuestra entidad como la número uno en todo el país de desapariciones sin localización. Esa realidad nos ha acompañado a lo largo de un sexenio que está por terminar, en el que se estuvo lejos de atender los reclamos de la ciudadanía en torno a la inseguridad presente en diversas regiones de Jalisco.

La desaparición de personas, ya sea cometida por particulares o por autoridades (desaparición forzada), es un delito, un problema social complejo con muchas dimensiones que demanda de una estrategia integral para su atención, lo que no sucedió durante la actual administración del gobierno del estado.

Primero sería necesario reconocer la gravedad de la problemática, establecer mesas de diálogo permanente con las familias de desaparecidos y sus colectivos, hacer una escucha efectiva y en lo posible involucrar asociaciones defensoras de derechos humanos o a las personas expertas en el área. Esto no sucedió.

A partir de que ya se cuenta con una legislación federal y estatal, con diversos protocolos y determinaciones específicas para las autoridades, correspondería que sean implementadas para diseñar estrategias de prevención, búsqueda, investigación, atención integral a las víctimas, otorgar presupuestos suficientes, capacitación al personal, poner las necesidades de las familias en el centro; en estos aspectos también hubo grandes ausencias durante el sexenio.

La judicialización del delito (desaparición forzada y cometida por particulares) tampoco tuvo grandes avances; son pocas las sentencias con relación a la cantidad de delitos que se han denunciado y no en todos los casos se logra acreditar el tipo penal, es decir, no siempre se sanciona a la persona responsable.

En el tema de memoria, como parte de la reparación integral tampoco se han atendido los reclamos de colectivos que han demandado visibilizar en el espacio público situaciones de desaparición, violencia e impunidad. Sería el caso del antimonumento 5J colocado en junio de 2023 en el Centro de Guadalajara para honrar a las víctimas del llamado “halconazo tapatío”, que el mismo día de la instalación fue retirado por autoridades municipales, y aunque un tribunal ordenó que fuera reinstalado eso no ha sucedido hasta el momento.

Otra obligación que a nivel local se dejó de cumplir fue la de subir los datos del registro de desapariciones a la plataforma federal. Desde mayo de 2022 el gobierno de Jalisco no actualiza la información; de hecho, si en este momento se hiciera una búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas de Jalisco en la plataforma nacional considerando el 2024 –del 1 de enero al 10 de julio– sólo se encuentran 59 registros.

Son situaciones de urgente atención, hacer un diagnóstico responsable, realizar y publicar análisis de contexto, establecer estrategias de búsqueda generalizadas y por patrones como lo determina la legislación, pero también planes individualizados de búsqueda que respondan a la necesidad de cada una de esas 15 mil familias de jaliscienses que siguen sin poder tener a su familiar de regreso en casa.

[email protected]

jl/I