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Las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la contaminación del río Santiago, son una oportunidad para el Estado mexicano para que, realmente, genere acciones integrales en el saneamiento de la cuenca.
Así lo señaló la directora del Instituto del Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera, quien subrayó que los gobiernos en México están obligados a cumplimentar lo dictado por dicha resolución.
“Esto implicaría una política integral con los aspectos de salud ambiental donde rebasa las capacidades de la voluntad y lo que quiera hacer el gobierno del estado de Jalisco, porque además le dice (la CIDH) que todos los programas, todas las acciones, todos los proyectos que van a implementar, los debe de hacer con los afectados y sus representantes".
En entrevista para Informativo NTR, con Guillermo Ortega Ruiz, la ambientalista sostuvo que cualquier acción emprendida por los gobiernos debe estar acompañada en todo momento con los habitantes afectados.
“Es algo que los pobladores deben saber (las medidas cautelares) para empezar con ellos a establecer un mecanismo efectivo de participación ciudadana, sino va ser una resolución incompleta y el Estado mexicano no podrá acreditar haberla cumplido”.
Gutiérrez Nájera mencionó que el gran ausente en las últimas semanas que se reactivó el debate sobre la contaminación del río Santiago, ha sido el gobierno federal, que es la pieza clave para lograr lo propuesto por la CIDH.
“Aquí el gobierno federal tiene que entrar a la coordinación de todos los actores relevantes que están, tanto en la cuenca Lerma-Chapala, como en la parte del Santiago, sobre todo en el Santiago alto que es donde está evidenciada, documentada, y súper estudiada la contaminación”.
JB