Jaripeos, fiestas y transporte público

La discrecionalidad de las autoridades para aplicar las medidas sanitarias en la etapa más alarmante de la pandemia contribuye a la transgresión de las normas y a la indiferencia ante las posibles sanciones. 

Fiestas, jaripeos y grandes congregaciones de personas han indignado a quienes activamente piden mantener el confinamiento para reducir el creciente ritmo de contagios y mortandad, especialmente los médicos desfallecidos que han atendido a los pacientes. 

Mientras que las carrozas fúnebres recogen uno tras otro los cadáveres de las personas que sucumbieron ante el Covid en los hospitales, El Señor de los Gallos patrocina un evento gratuito de jaripeo en Cihuatlán. El gobierno enmudece ante una indiscutible violación de las restricciones anunciadas por el propio Enrique Alfaro durante los 15 días más críticos de la pandemia. 

Las autoridades constitucionales ceden ante el poder fáctico de una organización que desafía la existencia del Estado mexicano, capaz de congregar multitudinariamente a la sociedad en un evento que desdeña el esfuerzo de miles de personas por contener el avance de la catástrofe de salud. 

No hay que ir tan lejos del Área Metropolitana de Guadalajara para encontrar eventos de gran magnitud con miles de personas desobedeciendo las disposiciones emergentes. 

Ya durante la segunda semana de enero se había realizado un jaripeo baile en Tlajomulco de Zúñiga con 800 personas que se desarrolló sin la intervención de autoridad alguna, sin permiso. La consecuencia fue, días después, una multa de 149 mil pesos, una cifra probablemente insignificante para los organizadores del evento, que públicamente mostraron cuán fácil es actuar de manera irresponsable privilegiando los intereses de negocios sobre la salud pública. 

No sólo eso, en las redes sociodigitales abundan imágenes y videos de personas divirtiéndose en centros nocturnos, que teóricamente deberían estar cerrados para favorecer la disminución de contagios de Covid. 

Sólo la muerte de quienes están en los círculos sociales más inmediatos ha empezado a crear conciencia en las personas que antes no creían acerca de la preocupante situación sanitaria generada por una pandemia sin precedentes para la humanidad. 

Pero no es suficiente. Por la calle, en el transporte público y en las conversaciones uno se da cuenta de una gran cantidad de gente que minimiza las implicaciones de andar por el mundo como si nada ocurriera. 

La vacuna no va a terminar con los contagios de una manera mágica ni inmediata. Es una esperanza en medio de un panorama de incertidumbre y desolación, pero podrían pasar años hasta que la humanidad se sobreponga en materia de salud a los estragos, ya no sólo en la cantidad de fallecimientos, sino en las secuelas que deja el virus en quienes infecta. 

Por todo ello es necesaria la intervención decidida de todas las instituciones del gobierno y del Estado para obligar al cumplimiento de las medidas de restricción sin discrecionalidad. 

Por ejemplo, como usuario del transporte público y, consciente de que es uno de los ambientes donde el contagio es propicio por la interacción de las personas, me preocupa que los operadores ya no exigen a los usuarios la portación correcta del cubrebocas como una medida mínima sanitaria, al no poder garantizar un cupo máximo que permita un distanciamiento social. 

Las instituciones gubernamentales no sólo tienen facultades para vigilar y sancionar el incumplimiento, sino que están obligadas, ya que fue el propio gobierno estatal el que dictó los protocolos a seguir. Si no van a impedir jaripeos y fiestas, al menos que supervisen el transporte. 

Twitter: @levario_j

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