22 de abril: el día más cruel (II)

El miércoles 22 de abril de 1992, hace 32 años, la ciudad olía a gasolina y el polvo de las explosiones invadía el ambiente. El miedo se sentía a flor de piel. Las venas del barrio de Analco y colonias aledañas habían sido violentamente abiertas por la fuerza de las explosiones. El terror se instaló en miles de personas que, en segundos, y sin saber por qué, vieron cómo se torcía para siempre su destino.

Sus sueños fueron suspendidos y, en el peor de los casos, fueron enterrados bajo los escombros. Minutos después de las 10 de la mañana todo era desconcierto y caos. Mucha gente corría despavorida, sin rumbo, intentando alejarse del peligro. Otros, con el miedo a cuestas y cubiertos de polvo escarbaban en los escombros intentando rescatar a algún familiar con el que apenas unos minutos antes desayunaban y charlaban tranquilamente. De pronto sintieron que el mundo se les terminaba. De pronto ya no supieron de sí hasta que, algunos, despertaron en el quirófano de algún hospital. Otros sintieron volver a nacer cuando manos solidarias los sacaron de entre los escombros. Muchos nunca despertaron. Murieron sin saber por qué y ni siquiera tuvieron una tumba.

Apenas eran las seis de la tarde cuando Guillermo Cosío Vidaurri, entonces gobernador de Jalisco, ordenó la entrada de los trascabos para limpiar las calles de escombros por donde pasaría el presidente usurpador Carlos Salinas que venía a revisar el desastre. Los damnificados se oponían a ello y su indignación creció cuando a las primeras paladas empezaron a salir partes de cuerpos humanos.

Desde los sismos de 1985 en la Ciudad de México sabíamos que transcurridos tres días después del desastre aún se pueden localizar sobrevivientes entre los escombros y que tratándose de niños su capacidad de sobrevivencia es mayor. También que uno de los mayores errores es que el Ejército implemente en estos casos su Plan DN-III, que en palabras llanas significa que los militares toman el control del territorio siniestrado y no permiten que los vecinos participen en los rescates a pesar de ser ellos quienes conocen su territorio, sus calles, sus casas o lo que quedó de ellas y saben cuántas personas había en ellas. A pesar de ello, justo eso fue lo que hicieron aquel 22 de abril.

Desde los primeros días del desastre quedó claro que el sistema haría todo para evitar toda responsabilidad penal hacia los funcionarios de Pemex, origen de la fuga de gasolina, y sobre los gobernantes de Jalisco (Cosío Vidaurri) y Guadalajara (Enrique Dau Flores), mismos que, a pesar de las evidencias de riesgo se negaron a ordenar el desalojo de los vecinos de la zona siniestrada. Por eso se le llamó negligencia criminal y por lo mismo se demandó justicia que hasta le fecha sigue ausente. Ninguno de los gobernantes subsecuentes cumplió.

Por ello, la asociación de lesionados 22 de Abril en Guadalajara, este año reiteró sus demandas: tener seguridad de que el fideicomiso cuente con los recursos suficientes para cubrir integralmente las pensiones y servicios de salud, disponer de medicinas e insumos sanitarios para las personas lesionadas sobrevivientes hasta su fallecimiento y para sus personas dependientes, por cuestiones de vejez, discapacidad o enfermedades crónico degenerativas.

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