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Descarado
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En el informe La crisis de identificación de personas en Jalisco, presentado ayer por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), se reveló que, hasta diciembre del año pasado, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) había 6 mil 249 personas fallecidas sin identificar.
Hasta ese entonces en los registros del IJCF sólo había mil 912 registros de víctimas, lo cual representa sólo el 30.5 por ciento de las personas sin vida documentadas por el Cepad a través de un monitoreo mensual con corte al 31 de diciembre de 2020.
Y el problema continúa. En mayo de este año en los datos del instituto ya había 2 mil 411 registros de personas fallecidas sin identificar, es decir, una diferencia en los números oficiales de 499, casi 100 personas por mes de 2021.
En el documento el Cepad presentó alrededor de 60 recomendaciones dirigidas a distintas instituciones, entre las que incluyó una petición para que el gobierno de Jalisco reconozca la crisis forense que vive el estado.
“(Se trata de) reconocer la situación de la crisis humanitaria forense en la entidad y poder también asumir la necesidad y las acciones para atenderla, lo que a la fecha nunca se ha llevado a cabo”, indicó la codirectora del Cepad, Anna Karolina Chimiak.
El informe, desarrollado por investigadores del Cepad, también da cuenta de todo el contexto de violencia que ha generado la acumulación de víctimas fallecidas sin identificar, la cual está asociada en gran parte a la investigación de fosas clandestinas con múltiples víctimas.
En ese aspecto se documentaron 40 sitios de inhumación clandestina tan sólo en Tlajomulco de Zúñiga desde 2006 hasta 2020. Le sigue Zapopan, con 20; San Pedro Tlaquepaque, con 17, y Lagos de Moreno, con 15. También El Salto resalta con 11; San Sebastián del Oeste y Ayutla, cada uno con 10; Ejutla, con ocho, y con siete los municipios de Puerto Vallarta, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tonalá y Chapala.
Pese a la gran cantidad de hallazgos, entre 2009 y 2020 sólo ha sido identificado el 28 por ciento de los cuerpos, restos u osamentas recuperados en fosas clandestinas, recalcó el investigador Francisco Campos.
Jonathan Ávila, otro de los investigadores que participó en la elaboración del documento, mencionó que a la problemática se suma que hay una deficiencia de peritos en cuatro áreas del IJCF dedicadas a la identificación de personas. Son lofoscopía, genética, antropología forense y servicio médico forense.
El informe consideró entrevistas a familiares que buscan a personas desaparecidas, quienes acusaron omisiones en los protocolos de identificación forense y malos tratos del ministerio público, así como insensibilidad de los funcionarios involucrados.
Si las autoridades de Jalisco no realizan un diagnóstico de la crisis forense por la que pasa el estado, difícilmente podrán destinar recursos que se requieren para tratar de agilizar, principalmente, los procesos de identificación de personas, advirtió la codirectora del Cepad, Anna Karolina Chimiak.
En entrevista, la especialista expuso que las familias de personas desaparecidas y organizaciones conocen desde hace tiempo de muchas deficiencias que se tienen en el IJCF en torno a la identificación de cuerpos y su correcto manejo; sin embargo, las autoridades se niegan a ver la realidad.
Por lo cual, reiteró, urge que se acepte la realización de un diagnóstico en el que puedan participar los colectivos y las organizaciones y así comenzar con un verdadero cambio de fondo. Mientras esto no suceda, añadió, todo seguirá empeorando, pues la violencia y la aparición de fosas clandestinas no se detienen. Por el contrario, cada día que pasa, más se agudizan.
Finalmente, lamentó que la situación de abandono y falta de atención a los procesos de identificación perjudican mayormente a las familias de personas fallecidas que tienen meses o años sin ser identificadas y están en resguardo en el Servicio Médico Forense (Semefo). Lauro Rodríguez
Resaltan por fosas
jl/I