Indígenas de Ayotitlán denuncian amenazas y despojo de tierras

Indígenas de Ayotitlán, comunidad de Cuautitlán de García Barragán, acompañados de la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) denunciaron que las amenazas de muerte y el despojo de tierras, persisten.

Señalaron que la explotación minera de parte empresas trasnacionales en tierras indígenas atrajo una ola de violencia con la anuencia de los gobiernos estatales de Jalisco y Colima, así como el gobierno federal.

Óscar González Garí, presidente de la RJDH, señaló que todo comenzó desde los tiempos de Marcelino García Barragán quien instauró por la fuerza la figura de ejido en Ayotitlán y lo acusan de la matanza de una veintena de persona.

Fue a través del ejido que, precisamente, se permitió que el gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari privatizara la mina Peña Colorada, de dónde se extrae hierro.

Un magnate hindú y uno argentino compraron esa mina en los 90 y, desde entonces, la violencia se recrudeció ya que esto acarreó un despojo de tierras, amenazas y asesinatos a la resistencia indígena.

Esta mina, junto con al menos 10 más que están en operaciones de manera ilegal, de acuerdo con lo narrado por la RJDH, representan 30 por ciento de la extracción de hierro del país, mismo que se exporta a través de Manzanillo hacia Estados Unidos, Canadá y China. Por esta razón, los mineros no quieren cerca a los indígenas y, presuntamente, se aliaron con el crimen organizado para controlar esa zona de Jalisco, todo en contubernio con el ejido y con una autoridad que no voltea a ver ese territorio.

Acusaron que el gobierno federal obliga a que los mineros paguen una cuota al ejido, más no a la comunidad indígena. Esta cuota es de 17 millones de pesos anuales, lo que significa nada en comparación con los aproximadamente mil 500 millones de pesos que tienen de ganancia por la explotación de los minerales de la Sierra de Manantlán.

Afirmaron que, ante las amenazas, muchas familias decidieron abandonar Ayotitlán y refugiarse en Manzanillo, cambiando así su estilo de vida.

Ante todo esto, buscan diálogo directo con el gobierno federal para que haya un resarcimiento del daño y se eviten más violaciones a los derechos humanos. Afirmaron que ya hay comunicación y esperan que les den fecha para instalar una mesa de trabajo.

EH