4 de cada 10 mujeres privadas de su libertad sufrieron tortura

Éricka fue torturada por policías al momento de su detención el 28 de mayo de 2006. Desde entonces está privada de su libertad en Puente Grande sin recibir una sentencia definitiva. Su caso, señaló el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), ejemplifica lo que viven cientos de mujeres detenidas.

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en el marco de que el proceso judicial de Éricka está en la etapa final, el Cepad describió lo que viven las mujeres privadas de su libertad en el estado. Recriminaron que más de 40 por ciento vivió al menos un tipo de tortura durante el proceso de su detención.

El Cepad dijo que, según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021 del Inegi, 43 por ciento de las mujeres privadas de su libertad en Jalisco afirmaron que fueron amenazadas durante su detención, lo que es un tipo de tortura.

Las amenazas que recibieron fueron en el sentido de fincarles cargos falsos, matarlas, lesionarlas o dañar a algún integrante de su familia.

Además, una de cada cuatro mujeres dijo que le vendaron los ojos o le cubrieron la cabeza; al 29 por ciento la patearon o golpearon con las manos; al 17 por ciento trataron de asfixiarla con una bolsa de plástico, y al 14 por ciento, la torturaron sexualmente llegándolas, incluso, a lesionar en sus órganos sexuales.

“Éricka es una de ellas. Sus aprehensores también la golpearon, como a casi el 30 por ciento de aquellas, y la torturaron de forma sexual, como al 14% de las mismas”, señaló el Cepad.

La organización recordó que la finalidad de ejercer tortura en contra de Éricka fue que se auto inculpara del delito de secuestro, no tenían más evidencia que declaraciones para señalarla de ese ilícito.

Además, al igual que ocurre con 35 por ciento de los casos de mujeres privadas de la libertad, Éricka llegó lesionada ante el agente del ministerio público y la Fiscalía no registró ese estado en el que se encontraba.

Todo este sistema del que son víctimas Éricka y cientos de mujeres más en Jalisco evidencian que la justicia con perspectiva de género es todavía una deuda pendiente del Estado, concluyó el Cepad.

EH