Bajo el argumento de que existe una investigación en curso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) ocultó información relacionada con la presunta contratación irregular de Elizabeth Margarita Castro Cárdenas, ex conductora de televisión que hasta el 30 de junio fungió como asesora técnica de la Dirección General del organismo pese a no contar con experiencia para el cargo.

A través de solicitudes de información presentadas por El Diario NTR Guadalajara y periodistas como José Carlos Toral, al Siapa se le pidieron documentos para conocer las condiciones de ingreso, funciones, ubicación y desempeño de Castro Cárdenas.

No obstante, la información fue clasificada como reservada bajo el argumento de que existen investigaciones en curso, tanto administrativas como penal; esta última a cargo de la fiscalía anticorrupción.

El Comité de Transparencia del Siapa resolvió en su octava sesión extraordinaria, realizada el 10 de julio pasado, que los documentos no pueden ser divulgados. Entre los archivos reservados se encuentran el contrato de la funcionaria, sus informes de actividades mensuales, el lugar donde desempeñaba sus labores, oficios de comisión y el fundamento legal de su nombramiento.

“En virtud de que en el Órgano Interno de Control obra un expediente de investigación administrativa número 030/OIC/AI/2025, bajo el que se investigan presuntos actos u omisiones que las leyes en materia administrativas clasifican como faltas administrativas, así como obra una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, (…) se considera que la información solicitada encuadra dentro de los supuestos para clasificarse como información reservada”, indica parte de la resolución.

La clasificación se sustentó en los artículos 112 de la Ley General de Transparencia y 17 de la ley estatal correspondiente. No es la primera vez que dependencias u organismos públicos niegan el acceso a información que por su naturaleza debe ser pública con el argumento de que sobre ella hay una investigación aún no concluida.

De todos los documentos solicitados en su versión pública, únicamente los recibos de nómina y el currículum vitae fueron puestos a disposición. El resto permanece bajo reserva temporal sin que se informe sobre el avance, alcance o estatus de las indagatorias referidas.

Adicionalmente, al Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) se le consultó vía transparencia si existía alguna investigación activa por presuntas irregularidades en la contratación de Castro Cárdenas y, en respuesta, se limitó a redirigir la petición al propio Siapa con el argumento de que no contaba con información propia al respecto.

La polémica en torno a la contratación de Eli Castro estalló a finales de junio, cuando NTR dio a conocer que fue incorporada al Siapa como asesora técnica de la dirección, con un salario superior a los 73 mil pesos mensuales, a pesar de no contar con experiencia comprobable en el sector hídrico.

En respuesta a lo publicado, la ex conductora de televisión reconoció, en una trasmisión en vivo por sus redes sociales de un encuentro con un ciudadano que le cuestionó su idoneidad para ocupar el puesto de “asesor técnico”, que no trabajaba en el Siapa, pese a que ahí se le pagaba, sino que estaba comisionada a otra área que no fue aclarada.

Tan sólo unos días después de la publicación, el Siapa informó el 30 de junio mediante un breve comunicado que no renovaría el contrato de Castro Cárdenas tras una revisión de perfiles.

Plantean que funcionarios sean perfiles especializados

Tras el caso de Elizabeth Castro, las diputadas Mariana Casillas Guerrero y Valeria Ávila Gutiérrez, de Futuro y Hagamos, respectivamente, plantearon establecer requisitos técnicos obligatorios para quien encabece el organismo y excluir a personas con conflictos de interés.

En la iniciativa también se plantea que todos los nombramientos dentro del Siapa y otros organismos operadores de agua en el estado cuenten con perfiles acreditados y especializados.

En rueda de prensa, Mariana Casillas criticó duramente al titular del Siapa, Antonio Juárez Trueba, por negarse a comparecer ante el Congreso local y a atender las auditorías solicitadas a pesar de las fallas en el servicio.

Por su parte, Valeria Ávila calificó como urgente la aprobación de las iniciativas planteadas en la próxima sesión ordinaria al considerar que las fallas del Siapa tienen un rezago de al menos 12 años. Apuntó además que la falta de perfiles técnicos ha derivado en omisiones graves, como el otorgamiento de permisos para construcciones en zonas de alto riesgo hídrico, lo que ha provocado socavones y daños en distintas colonias.

Ambas legisladoras advirtieron que mientras no haya comparecencias ni respuestas claras del Siapa no normalizarán la negligencia institucional. “Estas leyes pueden resolver vacíos que hoy están costando salud y vidas. El agua es un derecho, no un privilegio”, concluyeron. Miguel Ángel Vidal Preza

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