El avance de iniciativas como la ‘Ley Trasciende’ de Samara Martínez representa un parteaguas ético y legal en México, pero enfrenta una oposición arraigada en posturas bioéticas conservadoras, religiosas y jurídicas. La confrontación entre estos argumentos y el derecho a la autonomía es crucial, especialmente en México donde las mujeres, principales usuarias del sistema de salud y víctimas de una estructura deficiente, buscan desesperadamente el control sobre su sufrimiento. La Muerte Digna es el derecho fundamental (incluyendo la Voluntad Anticipada ya regulada en México). La Eutanasia Activa es la acción médica para finalizar la vida a petición expresa del paciente con sufrimiento insoportable, la cual está prohibida en México, a diferencia de Ecuador que la despenalizó en 2024, al igual que en Colombia y Uruguay, marcando la pauta regional.
El principal argumento de la oposición es la ‘santidad de la vida’. Desde una perspectiva religiosa y bioética tradicional, la vida es un don supremo e inviolable que el Estado debe proteger hasta su final natural, sin que se permita a terceros, incluido el personal médico, ponerle fin. Esta postura rechaza la eutanasia por considerarla un "homicidio por piedad" y teme la pendiente resbaladiza: la preocupación de que una vez legalizada, la práctica se extienda a personas no terminales, vulnerables o incluso involuntarias. La oposición también sostiene que la legalización debilitaría los cuidados paliativos, siendo la eutanasia una ‘salida fácil’ en lugar de invertir en el alivio total del dolor.
Sin embargo, estos argumentos se confrontan directamente con los pilares constitucionales de la autonomía y la dignidad humana. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el libre desarrollo de la personalidad como un derecho que permite a las personas elegir su plan de vida y, por extensión, su plan de muerte.
Para las mujeres mexicanas, este contraste es vital. Al enfrentar una mayor morbilidad y esperanza de vida (77.8 años vs. 72 años), las mujeres vivimos más años con enfermedades crónicas, a menudo lidiando con el abandono social o la insuficiencia económica. La oposición que obliga a prolongar una existencia marcada por el sufrimiento insoportable se convierte, para ellas, en una crueldad institucional disfrazada de moral. El derecho a la eutanasia es la reivindicación de la soberanía corporal, negando el martirio silencioso que la sociedad espera.
Para garantizar que esta autonomía sea respetada sin caer en los riesgos señalados por la oposición, la ‘Ley Trasciende’ establece mecanismos de verificación estrictos. Se requiere la doble verificación médica de la enfermedad terminal/incurable por especialistas independientes, una evaluación psiquiátrica o psicológica para asegurar la plena capacidad mental de la paciente y, fundamentalmente, la solicitud consciente, expresa y reiterada por escrito, con un periodo de reflexión. Estos filtros de consentimiento reiterado buscan blindar la ley contra la coacción o la depresión, asegurando que la decisión sea la manifestación firme de una voluntad libre, respetando la dignidad humana hasta el último aliento.
El estancamiento en el avance de la eutanasia en México, ejemplificado por la lentitud en el tratamiento de iniciativas como la ‘Ley Trasciende’ y la falta de apoyo no es un signo de prudencia, sino de negligencia institucional y cobardía política.
*Doctora en derecho
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