Organizaciones de la sociedad civil llamaron a las y los diputados federales a comprometerse con las personas en movilidad y hacerlo patente desde el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, pero el dictamen fue aprobado sin modificaciones a la propuesta original del Ejecutivo federal, aunque 17 comisiones de la Cámara solicitaron reasignaciones para diversos sectores, entre ellos, migración.
Más de 50 organizaciones firmaron un comunicado dirigido al Poder Legislativo para modificar el proyecto de presupuesto 2026, con miras a fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en el apartado de servicios profesionales; incrementar los recursos asignados a la Secretaría de Relaciones Exteriores para responder a las necesidades de protección y asistencia jurídica a los connacionales, así también para duplicar fondos destinados a la protección de niñas, niños y adolescentes en movilidad.
Las organizaciones que trabajan en la primera línea de atención a la población en movimiento, entre otras, el Instituto para las Mujeres en la Migración; la Casa del Migrante de Saltillo; la Casa Frida, Refugio LGBT y la Casa Fuente de Apoyo a Mujeres Niñas Niños Víctimas de Violencia A. C., plantearon recomendaciones puntuales a las y los legisladores federales para asignar recursos suficientes que permitan a las instituciones del Estado mexicano mejorar su capacidad operativa y garantizar una atención oportuna y adecuada a connacionales en el exterior y retornados; a personas solicitantes de asilo y refugiadas; lo mismo que para la protección y asistencia social para niñas, niños y adolescentes en movilidad humana; la transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos asignados a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Pidieron al Poder Legislativo asegurarse de que los recursos asignados al Instituto Nacional de Migración (INM), se destinen prioritariamente al desarrollo de una política migratoria centrada en la protección, la garantía y el respeto a los derechos humanos; la simplificación y accesibilidad de los trámites de regularización y el fortalecimiento de procesos administrativos; llamaron a eliminar el aumento de hasta cien por ciento en las tarifas por la emisión de tarjetas migratorias por considerar que esos incrementos son una barrera económica que limita el acceso a la regularización migratoria. Solicitaron también que los recursos asignados al INM no se destinen a tareas de contención migratoria, operativos de revisión o traslados forzados al sur del país.
Ciertamente, todas son demandas legítimas y urgentes, pero el presupuesto es una expresión política de prioridades. Y para las y los legisladores la agenda de migración, no necesariamente es una prioridad. No obstante, el aporte de las organizaciones de la sociedad civil reside en visibilizar las oportunidades de mejora y en mantener y fortalecer espacios de diálogo y discusión con los tomadores de decisión para comprender las dimensiones y retos de la movilidad humana.
Por ello, el presupuesto se mide también en su capacidad de traducirse en protección, integración y vida digna para quienes cruzan fronteras, buscan refugio o regresan a casa.
X: @claudiaacn1
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