Imagina que decides salir a hacer ejercicio cerca de tu vivienda. En el ínter eres detenido por policías municipales por la supuesta comisión de una falta administrativa, te niegas a “cooperar” para ser liberado y exiges ser llevado ante un juez de paz. Te trasladan a los separos municipales y pasas la noche detenido. A la mañana siguiente, el juez de paz determina tu liberación sin ninguna sanción.
Regresas a tu domicilio para recuperarte y asimilar lo ocurrido. Sin embargo, esa misma noche irrumpen en tu casa tres personas encapuchadas, sin identificaciones, que te suben a un vehículo blanco, sin placas ni logos institucionales. Imagina que tus padres, al enterarse de todo esto, asumen que fuiste privado de tu libertad por el crimen organizado. Horas más tarde se enterarían por los medios de comunicación que te encontrabas detenido en la Fiscalía General del estado de Nayarit.
No lo imagines. Es el caso de Isaac Benjamín Cárdenas Valdez, ‘Chakin’, politólogo por el ITESO y defensor ambiental nayarita. ‘Chakin’ es una persona involucrada en los movimientos de defensa de territorio urbano. Junto con otras personas defensoras, entre ellas Edgar Iván N, participaron en las manifestaciones contra la construcción de un estadio de futbol impulsado por el gobernador Miguel Ángel Navarro, en el terreno ocupado por la Ciudad de las Artes. Un espacio público que alberga un anfiteatro, biblioteca, escuela de música y lugar para exposiciones, además de áreas para deporte y zonas arboladas. El activismo emprendido por Isaac y Edgar ante la destrucción de este bien público y cultural se avizora como causa de su detención.
Particularmente, Isaac relató que desde su detención la noche del 12 de noviembre del año en curso vivió una serie de atropellos por parte de la Fiscalía. Fue detenido sin orden judicial; durante su traslado nunca se le informó el delito que se le imputaba. Además, permaneció incomunicado 72 horas sin posibilidad de contactar a su familia; fue obligado a firmar documentos; finalmente, en reiteradas ocasiones se le negó la intervención del asesor jurídico contratado por su familia.
Todos estos agravios constituyeron una violación a su debido proceso, que según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un núcleo de derechos que exige que toda persona pueda ser oída y defendida ante la autoridad con todas las garantías legales, dentro de un plazo razonable, antes de que se reconozcan o restrinjan sus derechos y obligaciones.
A partir de la movilización y presión social de familiares y compañeros de lucha de Isaac y Edgar, la Fiscalía nayarita desestimó el delito de cohecho. No obstante, les impusieron una medida cautelar de arresto domiciliario, a la espera de la audiencia del 12 de diciembre que determinará la vinculación por el delito de “ultrajes a la moral”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que estas figuras legales, en muchos contextos del país, han sido criticadas por su ambigüedad y riesgo de interpretaciones arbitrarias. En este caso parece ser el vehículo jurídico para reprimir a Isaac y Edgar por su activismo.
En un contexto adverso en contra de las personas defensoras de derechos humanos y territorio debemos exigir su protección frente al poder del Estado, asegurando que todo proceso judicial y administrativo se lleve a cabo de manera justa, legal y respetuosa.
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