¿Hasta qué punto lo que ocurre en los sindicatos de instituciones públicas es un asunto interno? La pregunta surge después de darse a conocer las anomalías en la asignación de plazas al sindicato reconocido como mayoritario en el Congreso del Estado, que permitieron a su líder, César Íñiguez González, colocar en la nómina a tres de sus cuñadas.
La información surgió ante diferencias internas en dicho sindicato, que al mismo tiempo permitieron destapar la cloaca que continúa en el Poder Legislativo con el manejo de la nómina.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo usó tres de las cuatro plazas que le entregaron para las esposas de sus hermanos: María Geraldina Hierro Torres, con un salario mensual bruto de 55 mil 81 pesos; Nallely Gómez Meza, con 49 mil 688 pesos mensuales, y Sandra Nallely García Solís, con 48 mil 426 pesos. La cuarta plaza fue para un colaborador del líder sindical, Gonzalo Enrique Montoya de Anda, con 46 mil 278.54 pesos mensuales.
Según grabaciones que han difundido trabajadores del Poder Legislativo, los espacios le fueron entregados como parte de un acuerdo para repartir 60 plazas de trabajadores que ya se jubilaron o murieron, así como otras 30 de trabajadores que solicitaron licencia para separarse del cargo.
En los audios, el líder sindical explicó que las plazas fueron ocupadas durante seis meses por sus familiares para asegurarlas, por lo que actualmente ya están liberadas. Según datos que pueden consultarse en la página web del Congreso del Estado, ingresaron a laborar en noviembre de 2024.
Según señalan algunos trabajadores del Congreso, los acuerdos se alcanzaron con el secretario general, Eduardo Martínez Lomelí, quien en entrevistas se ha deslindado del tema, y la presidenta de la Comisión de Administración del Poder Legislativo, la emecista Montserrat Pérez Cisneros, quien ha guardado silencio.
En uno de los audios, donde trabajadoras reclaman a César Íñiguez que les haya dado las plazas a sus cuñadas, éste aseguró que el acuerdo se alcanzó “más arriba”, mientras que en otra de las grabaciones señala que ya gestionó que su sindicato mantenga el derecho sobre esas plazas con el “gobierno del estado”.
Ahora, esas plazas son ofertadas por el mismo sindicato en un plan piloto que han llamado de “movilidad laboral y justicia”, para que trabajadores que tienen un salario inferior y están a punto de jubilarse accedan a las mismas y alcancen un monto ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) superior al que cotizaron durante la mayor parte de su vida laboral.
Lo relevante de todo esto es que las cuatro plazas solo parecen ser el botón de muestra de lo que ocurrió con los 90 espacios disponibles. No hay que olvidar que al cierre de la anterior legislatura se había propuesto que todas las plazas que quedaran vacantes por jubilación o muerte se congelaran, ante el exceso de más de 600 trabajadores determinado por un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Esto, sin contar que con el plan piloto no se toma en cuenta la crisis del Ipejal.
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