Hacen torres 'chuecas' y también carreteras  

Las autoridades estatales y los empresarios a los que se entregó un contrato por más de 3 mil 419 millones de pesos para hacerse cargo del mantenimiento de carreteras en la entidad a lo largo del actual sexenio ya se conocían. Durante la gestión de Enrique Alfaro Ramírez como presidente municipal de Guadalajara se encontraron en tribunales, pues Ernesto García de Quevedo Ochoa y Armando González Farah aparecían como los propietarios de edificios de departamentos irregulares. 

Ambos hicieron los trámites para el desarrollo inmobiliario Sora, ubicado en la colonia Colomos Providencia, en una zona en la que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano sólo permitía la edificación horizontal. A pesar de eso, los empresarios proyectaron dos edificios de 10 pisos de altura; uno ubicado en Rubén Darío 1728 y otro en La Rioja 2889. 

El Diario NTR Guadalajara dio a conocer que ambos empresarios forman parte de los consejos de administración de los consorcios a los que se adjudicaron los contratos para la rehabilitación y conservación de carreteras para todo el sexenio. Por estos trabajos recibirán, a lo largo de la actual administración, 65.6 millones de pesos cada mes. 

Además, ambos empresarios aparecen en documentos públicos avalando la licitación del arrendamiento de maquinaria pesada para el programa A Toda Máquina (ATM). En el caso de Ernesto García, firmó el acta del Comité de Adquisiciones en la que se asignó el contrato, mientras que Armando González validó el fallo de la licitación. Los dos participaron como representantes del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ). 

LAS TORRES  

Los permisos para la construcción de las torres de departamentos fueron autorizados de manera irregular durante el gobierno en Guadalajara del priista Ramiro Hernández García. Cuando un periódico local dio a conocer estas anomalías, la entonces coordinadora de Gestión Integral del Territorio del ayuntamiento tapatío, Patricia Martínez Barba, fue quien declaró que las torres eran irregulares y que los permisos fueron entregados ilícitamente. 

Patricia Martínez es actualmente coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio en el gobierno del estado, de la cual depende la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), área que entregó los contratos en julio del año pasado a los consorcios de los que forman parte Armando González Farah y Ernesto García de Quevedo. 

Fue el propio Ayuntamiento de Guadalajara el que promovió un juicio de lesividad por la construcción de las torres de departamentos ante el entonces Tribunal de lo Administrativo en el Estado, el cual le concedió una suspensión provisional. 

Ernesto García de Quevedo es el presidente del Consejo de Administración de la empresa L & E Operadora de Vialidades en Los Altos, SAPI de CV, consorcio del que Armando González Farah es secretario. A esta empresa la SIOP le pagará mil 793 millones 289 mil 918.13 pesos por rehabilitar y conservar tramos carreteros en la zona de los Altos. 

Además, García de Quevedo es secretario de la empresa Elar Constructora y Reparadora de Caminos y Vialidades, SAPI de CV, mientras que Armando González es consejero suplente. A este consorcio se le pagarán a lo largo del sexenio mil 625 millones 999 mil 222.81 pesos. 

Los dos consorcios están conformados por las mismas empresas: Roth’s Ingeniería y Representaciones, SA de CV, en asociación con Constructora Erlort y Asociados, SA de CV; Balken, SA de CV, y Desarrolladores Verde Valle Vallarta, SA de CV. 

Esta última empresa es propiedad de Armando González Farah y Ernesto García de Quevedo. Se trata de una comercializadora y no de una constructora, en la que también es socio Juan Carlos Uranga García, ex secretario de Obras Públicas de Guadalajara, cuando el presidente municipal era el priista Jorge Aristóteles Sandoval. 

Con pasado inmobiliario 

Ernesto García de Quevedo Ochoa y Armando González Farah, cuyas empresas resultaron ganadoras de la licitación para renovar tramos carreteros del estado, realizaron los trámites para el desarrollo inmobiliario Sora, ubicado en la colonia Colomos Providencia. Ahí sólo se permitía la edificación horizontal, pero promovieron la construcción de dos edificios de 10 pisos de altura.

Insiste Morena para que se revise licitación de ATM 

Antes de señalar actos de corrupción en la licitación en que se decidió que dos consorcios se encargarán de intervenir diversos tramos carreteros del estado durante el sexenio, hay que revisar la licitación del programa A Toda Máquina (ATM), señalada por varias irregularidades.  

Así lo expuso la coordinadora legislativa de Morena, Érika Pérez García, quien llamó a eliminar las malas prácticas en la entrega de obras. 

La morenista no quiso ahondar en la licitación sobre tramos carreteros y llamó a revisar primero la de ATM, programa que consiste en el arrendamiento de maquinaria pesada para 121 municipios, y pidió a la titular de la Contraloría del Estado, Teresa Brito Serrano, hacer una investigación a fondo para deslindar responsabilidades. 

A la par, indicó que su fracción parlamentaria mantiene la versión de que la licitación, a favor de Operadora de Servicios Mega, estuvo amañada.  

“Es por eso que queremos la comparecencia (de Teresa Brito y del fiscal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar) para que nos expliquen o esclarezcan las cosas para nosotros poder decir se vieron beneficiados o conflicto de interés”, comentó. 

El año pasado, Morena pidió en el Congreso que Teresa Brito y Gerardo de la Cruz Tovar acudieran al Congreso para que se les cuestione sobre los procesos de investigación que realizaron a la licitación de ATM. Aunque la comparecencia se aprobó el 27 de junio, a la fecha no se ha realizado.  

El ejercicio le tocaba a la Comisión de Vigilancia, pero como nunca lo realizó, este año la Junta de Coordinación Política intervendrá para llevarlo a cabo. Jessica Pilar Pérez 

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