Imputan a cuatro por homicidios en Puente Grande

Cuatro hombres enfrentan proceso penal por homicidio y dos funcionarios fueron suspendidos, tras el enfrentamiento del 22 de mayo entre reos del Reclusorio de Sentenciados de Puente Grande, el cual dejó ocho personas asesinadas. 

En rueda de prensa, autoridades estatales dieron a conocer que los sujetos acusados de homicidio quedaron vinculados a proceso penal y a la espera de juicio. 

El secretario de Seguridad del estado, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, especificó que las personas suspendidas de sus cargos son un servidor público de nivel superior y uno de nivel medio que incurrieron en aparentes omisiones. Las investigaciones del área de Asuntos Internos continúan y hay otros funcionarios que podrían enfrentar sanciones que van desde las suspensiones hasta la separación de sus cargos. 

Tras el pleito se han realizado revisiones de manera aleatoria en el penal en las que los custodios han encontrado 30 objetos que podrían ser usados como armas punzocortantes, así como drogas y otros objetos prohibidos por la ley. 

Las revisiones también se realizaron en el Centro de Reinserción Femenil, donde se encontraron algunas puntas muy rústicas, y en los 14 centros penitenciarios estatales. 

Por su parte, el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (Digpres), José Antonio Pérez Juárez, detalló que las medidas de vigilancia se han incrementado a pesar de reducciones sustanciales en el presupuesto y de la ausencia de algunos custodios por pertenecer a grupos vulnerables al Covid-19. 

Justificó que no hay las condiciones para hacer una revisión generalizada del Reclusorio de Sentenciados –tiene una población de más de 4 mil 200 personas privadas de la libertad–, ya que implicaría riesgos que podrían tener consecuencias violentas. 

En ese sentido, Pérez Juárez negó que exista un autogobierno en el penal y en cambio consideró que hay algunos liderazgos naturales. 

Finalmente, el titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, admitió que no se han adquirido escáneres con tecnología que permita identificar la introducción de objetos prohibidos que pudieran suscitar violencia extrema y que están regulados en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tampoco, añadió, hay fecha para adquirirlos por incertidumbre de presupuesto.  

EH