¿Cuánto vale una vida?

Quizá ya todos lo sabemos, pero en México no hay Estado o, si lo hay, sólo funciona para algunas cosas. La sentencia podría sonar radical, pero no lo es si revisamos los hechos que dan forma a nuestra realidad cotidiana. En nuestro país, desde hace muchos años, impera la ley de la selva. 

En todas las entidades federativas, en mayor o menor medida, está presente el crimen organizado y sus nefastas consecuencias. Los cárteles de la droga son el poder de facto que somete y supedita a unas débiles instituciones del Estado que no pueden garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos. Es un hecho, ningún gobierno estatal o municipal tiene la capacidad de hacer frente a las acciones que despliega el crimen organizado, se trate de Monterrey, Guanajuato, Tijuana, Cancún o Puerto Vallarta. 

Los números son fríos. De acuerdo con las propias cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2020, en plena pandemia de Covid-19, se registraron 34 mil 648 víctimas de homicidio doloso a nivel nacional. Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua y Jalisco encabezan la lista. Si bien esta cifra registra una disminución respecto a 2019, es claro que no existe una estrategia nacional, regional o local para enfrentar el segundo problema más grave que azota el país en este momento, después de la epidemia. 

En Jalisco, en un par de meses se han perpetrado muchos asesinatos y eventos macabros que rebasan el despliegue creativo de muchas películas de terror, pero algunos de ellos representan un quiebre en la propia dinámica de la inseguridad normalizada. El más emblemático y representativo es, sin duda, el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta. La dimensión de este hecho rompe con toda proporción y confirma nuestro estado de indefensión. Si un hombre que gobernó la entidad puede ser asesinado sin que las fuerzas policiales o militares puedan hacerse presentes en el lugar de los hechos, sin tener responsables claros detenidos, bajo investigación o proceso judicial, el mensaje para el resto de la ciudadanía es contundente y evidente. 

Antes del caso del ex gobernador, el empresario inmobiliario Felipe Tomé corrió la misma suerte. Hace un par de semanas un abogado fue ultimado frente a su hija en avenida Américas, en el corazón de Guadalajara; el 8 de febrero se suscitó una balacera en el restaurante familiar Los Otates, en una zona próxima al centro comercial Andares, de Zapopan; mientas que hace menos de una semana se encontraron 18 bolsas con restos humanos cerca del estadio de las Chivas, también en Zapopan. Y apenas hace un par de días se localizaron otras 10 en Tlajomulco de Zúñiga. 

Si observamos estos hechos al amparo del pensamiento de Rousseau o John Rawls, por citar algunos teóricos, podríamos decir que el contrato social está roto. Nuestra realidad como país niega toda posibilidad de existencia a un supuesto arreglo o acuerdo a través del cual los ciudadanos cedemos nuestra soberanía al Estado a cambio de algunos derechos, entre ellos, la protección de nuestra propia vida. En todo caso, esta ecuación se cumple a medias: los ciudadanos sí cedemos nuestra soberanía, pero el Estado no hace su tarea. No puede. 

Cómo esperamos enfrentar la crisis de salud que nos sacude y la urgente recuperación económica si a las y los mexicanos no se nos puede garantizar lo indispensable. Cómo podemos ver hacia adelante como comunidad si nuestra vida individual vale muy poco, ya no digamos nuestras libertades y la lista de derechos que se quieran agregar. 

Estamos en la antesala de la elección y sus terribles campañas, época en la que las utopías y la avaricia se ven más cercanas y los políticos aparentan ser más sensibles. Aquí la pregunta no es cuánto vale un voto, sino, al inicio y al fin de todo, ¿cuánto vale la tranquilidad?, ¿cuánto vale una vida en este país? 

Twitter: @cronopio91

jl/I