Esperanzas a la deriva

La receta mágica para tratar las violaciones a los derechos humanos y la corrupción en México ha sido crear leyes e instituciones especializadas. En el momento de su inauguración son promovidas como avances históricos que contribuirán a la solución de problemas, sin embargo, cuando bajan los reflectores, quedan abandonadas y sin seguimiento, apostando por mantener el statu quo y dejar de lado los intereses y las causas sociales.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) de Jalisco no ha sido una excepción. Fue creada con amplia participación de familiares de personas desaparecidas en 2017, en respuesta a sus exigencias, siendo el primer organismo de esta naturaleza en el país, con una unidad de análisis de contexto, que buscaba investigar y perseguir los delitos de desaparición de manera especializada desde una perspectiva del crimen del sistema. Un proyecto que alimentaba esperanzas y dio origen a la consolidación de las políticas públicas en la materia en la entidad.

Uno de los mayores retos que ha enfrentado esta dependencia desde su origen ha sido el severo incremento en la cantidad de personas desaparecidas en Jalisco. En julio de 2017, de acuerdo con el entonces Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se contabilizaban 2 mil 804 personas desaparecidas, y a octubre de 2022, conforme al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, hay 15 mil 30 personas cuyo paradero se desconoce, lo que demuestra el incremento de más de 436 por ciento en este periodo.

Ante este grave panorama es importante evaluar de qué manera las instituciones cumplen con sus atribuciones legales. La ausencia de mecanismos y diagnósticos públicos para monitorear su desempeño, y las resistencias para proporcionar la información vía transparencia ha llevado a que la sociedad civil cubra estos vacíos y genere diagnósticos institucionales por su propia cuenta. El martes pasado el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo presentó el informe Fiscalía a la Deriva, mediante el cual se busca analizar las capacidades de la FEPD a partir de información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información, encuestas y un grupo focal con familiares de personas desaparecidas, así como la propia experiencia de la organización.

El informe revela la permanencia de vicios institucionales y violaciones sistemáticas a los derechos de las víctimas, a pesar del crecimiento de la FEPD, un nuevo marco normativo garantista y múltiples procesos de capacitación realizados. Los resultados de una encuesta respondida por 72 familias de personas desaparecidas revelan que 92 por ciento consideró que no recibe información sobre su caso, 47 por ciento calificó como malo el trato brindado por la FEPD.

Además, 60 por ciento de las respondientes fueron víctimas de actos de criminalización al momento de presentar la denuncia, siendo el último aspecto muy grave ante los estigmas sociales en torno a las desapariciones, y considerando el derecho de cada persona a ser buscada, sin importar sus antecedentes.

Asimismo, se han destacado deficiencias estructurales tales como la sobrecarga del personal, donde cada agencia del Ministerio Público tiene asignados en promedio 326 expedientes, lo que hace humanamente imposible brindar un seguimiento exhaustivo a todos los casos.

Durante el evento se preguntó si el cambio de la titular de la FEPD mejoraría la situación. En muchas ocasiones, ante las coyunturas de crisis, las separaciones de cargos de las personas decisivas suelen ayudar a mitigar los daños, sin que se reconozcan y atiendan las causas de las problemáticas.

Para transformar de fondo a una de las instituciones más relevantes frente al contexto de desaparición en Jalisco y revertir sus añejas inercias y opacidad, más allá de los cambios del personal se requieren compromisos reflejados en acciones, partiendo de la transparencia y el acceso a la información, generación de indicadores y diagnósticos públicos, dotación de recursos suficientes para su operación, capacitación integral, así como verdaderos mecanismos de participación y rendición de cuentas, que faciliten poner un alto a las irregularidades cometidas, y coloquen la escucha de las necesidades de las víctimas en centro de todos los procesos.

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