Los polarizadores

La semana pasada, al participar en una reunión con empresarios, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que detuviera la polarización que provoca con sus declaraciones. Lo hizo después del anuncio del mandatario federal de que convocaría a una marcha nacional para conmemorar los cuatro años de su gobierno.

Es difícil estar en desacuerdo con los argumentos del gobernador sobre las afectaciones que ha traído a México la polarización que provoca el presidente. Sin embargo, las declaraciones de Enrique Alfaro muestran su incongruencia, pues si alguien ha apostado a la polarización es él.

Y lo vemos en el tema que ocupa actualmente la agenda política: el pleito que decidió emprender contra la Universidad de Guadalajara. Pero también en su enfrentamiento con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con la Presidencia de la República, con los colectivos de familias de personas desaparecidas y de defensa de mujeres violentadas, y con los medios de comunicación.

En cada uno de los temas el gobernador ha llevado al extremo su postura, sin admitir diálogo ni matices, lo que ha mantenido a Jalisco a lo largo de los cuatro años de su gobierno en la polarización.

El problema de este mecanismo al que ha apostado Enrique Alfaro es que verdaderamente se daña la democracia, pues se anulan principios constitucionales como la división de poderes, la transparencia, el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, la fiscalización y la rendición de cuentas.

Lo anterior, porque al fijar sus posturas marca también la línea que se debe seguir desde todos los espacios en los que Movimiento Ciudadano tiene control y, peor todavía, en aquellos a los que llegan recursos públicos.

En el conflicto con la Universidad de Guadalajara ni siquiera hay claridad del origen del mismo. Algunos universitarios lo atribuyen al registro del partido Hagamos por parte de un sector del grupo político udegeísta.

Lo cierto es que el gobernador dio el primer golpe al recortar los 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales. Lo hizo pensando en el efecto político, pues el monto frente a los recursos que maneja es insignificante y más si revisamos la discrecionalidad con la que se ha conducido. Es decir, si se necesitaban recursos para el Hospital Civil de Oriente, podría haberlos sacado de otras bolsas que representaban menos impacto.

Solo como referencia, esos recursos equivalen a menos de una cuarta parte de lo que el gobernador paga cada año a la empresa Operadora de Servicios Mega por el arrendamiento de maquinaria pesada del programa A Toda Máquina, o una treceava parte de lo que entrega anualmente a las empresas privadas por dar mantenimiento a carreteras.

Como si fuera un jefe de familia macho, el gobernador ha usado el dinero público para mantener el control sobre otros poderes, sobre los organismos autónomos y hasta sobre los partidos políticos con la última reforma electoral, pero también sobre los medios de comunicación.

En esa definición de recursos, el mandatario no acepta matices. El dinero es para quien está con él y está dispuesto a no cuestionar sus indicaciones. La prueba más clara son los poderes Legislativo y Judicial y también algunos organismos autónomos.

Con los medios de comunicación sucede lo mismo. Recibir recursos estatales significa renunciar a la libertad de expresión. Así, sin matices.

Por eso, le damos la razón al gobernador sobre el peligro de la polarización que provoca el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque lo deseable sería que, así como ve la paja en el ojo ajeno, encuentre la viga en el propio.

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