La generosidad de MC con OHS

La excesiva generosidad que los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano han mostrado con la empresa Operadora Hotelera Salamanca no disminuye la gravedad de ser partícipes en un negocio privado hecho con recursos públicos, en este caso el patrimonio del municipio.

Tanto el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro como el gobernador Enrique Alfaro Ramírez sostuvieron que el predio donde se construye el desarrollo inmobiliario Iconia es privado y que no se han incumplido los plazos de las contraprestaciones. Lo que no habían aclarado, hasta que se vieron presionados a hacerlo, es que fueron ellos quienes, contrario a lo autorizado por el ayuntamiento tapatío modificaron el convenio de 2016.

Este diario documentó que la propiedad del predio fue entregada a la empresa Hoteles Riviera Deluxe en 2017, cuando el presidente municipal era Enrique Alfaro Ramírez.

Es cierto que el terreno había sido desincorporado del patrimonio municipal durante el gobierno del panista Alfonso Petersen Farah, en el convenio firmado con la empresa española Mecano, en 2008. Sin embargo, en esa administración al menos se tuvo la precaución de depositar la propiedad, que es el derecho pleno sobre un bien, en un fideicomiso.

En ese fideicomiso de garantía, los fideicomitentes eran la empresa Mecano y el propio Ayuntamiento de Guadalajara. Así, ambas partes tenían un respaldo del cumplimiento de los acuerdos. En el caso de Mecano, estaba obligada a realizar las obras de contraprestación que se establecieron en el convenio para quedarse con el terreno y se señaló, de manera expresa, que no podía transferir esas obligaciones.

Mecano violó esa prohibición y transfirió sus obligaciones a la empresa Operadora Hotelera Salamanca en 2012. Pero eso no fue un problema, porque en 2016, cuando Enrique Alfaro era presidente municipal, se borró la violación al firmar un nuevo convenio en el que se reconocía a OHS como poseedor del predio y responsable de las obras de contraprestación, que por cierto se modificaron para reducirlas.

Pero eso no fue todo. En noviembre de 2017 la propiedad del predio salió del fideicomiso para que el terreno fuera vendido en 500 millones de pesos a la empresa Hoteles Riviera Deluxe. Unos días después, en diciembre de ese mismo año, Enrique Alfaro solicitó licencia para separarse del cargo de alcalde e irse a su campaña a la gubernatura. La cronología de las fechas es importante para entender el tema. La propiedad se entregó sin tomar en cuenta las obligaciones que tenía la empresa para entregar las obras de contraprestación.

En el convenio de 2016, firmado por Enrique Alfaro y otros funcionarios públicos, todos actualmente integrantes del gabinete estatal, se fijaron plazos para la entrega de las obras de contraprestación entre 18 y 24 meses, a partir de esa fecha. Es decir, los plazos se vencieron a principios de 2019.

Ayer, en conferencia de prensa, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro dijo que el Comité Técnico autorizó nuevos plazos. Sin embargo, el convenio de 2016 se basaba en un decreto aprobado por el pleno del ayuntamiento tapatío que, en teoría, es el único que podría modificarlo.

Además, si en más de seis años la empresa OHS, que ya se embolsó 500 millones de pesos sin cumplir con sus obligaciones, no ha terminado las obras, ¿qué hace pensar a las autoridades que ahora sí lo hará?

En la defensa de este proyecto privado las autoridades van arrojando cada vez más dudas mientras avanzan sobre el interés que tienen de encubrir irregularidades e incumplimientos. El beneficio a la ciudad no ha quedado claro, pues la pérdida más importante fue la oportunidad de tener un gran parque. Lejos de arrojar certezas sobre lo que sucedió, solo revuelven el lodo.

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