Estado de derecho, los retos no atendidos

El desarrollo de un Estado de derecho sólido demanda, definitivamente, una estructura institucional que cuente, no solamente con un reconocimiento social, sino una intervención objetiva e instrumental de los aparatos del gobierno para generar un elemento sustancial en el desempeño social, la certidumbre y el reconocimiento del marco institucional con el que se operan las políticas públicas en el desempeño de la administración pública.

La importancia del fortalecimiento institucional de las políticas públicas se ha visto comprometida con la falta de lineamientos que generen una línea clara de procedimientos y, probablemente, los entretelones del proceso electoral de este año y los federales y concurrentes del año próximo han marcado una importante avalancha de informaciones que no abonan a la certidumbre y, por otra parte, la guerra partidista, constituye, de igual forma, un elemento que distrae o enturbia la claridad que deben tener las políticas públicas en su aplicación en las acciones de gobierno.

La gran confusión que se generó, por ejemplo, en la instrumentación de los lineamientos sanitarios durante la etapa compleja de la pandemia, visibilizó varios aspectos que no estaban estructurados debidamente y las políticas de salud generaron grandes descontroles, vacíos de operación y un gran desarrollo de esquemas informativos que no estaban sustentados en las acciones efectivas.

El debilitamiento de la certidumbre se ve acompañada por un alto índice de impunidad en la medida en que las acciones de control y organización no quedan claramente definidas y, por otra parte, no hay un seguimiento claro de los procesamientos de los casos que ameriten una posición administrativa clara. No se trata de asuntos de alto impacto mediático, sino de la línea general de funcionamiento de la operación administrativa. En consecuencia, se atestigua, eventualmente, una amplia gama de corrupción.

El informe 2022 del World Project Justice (WPJ) (https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2022/05/1_WJP_IEDMX_Digital.pdf), organización internacional que mide el desempeño de los gobiernos en términos de su percepción de justicia, equidad y regularidad de las administraciones de los países, en el caso del análisis por estado en México, coloca a Jalisco en el lugar 24 de 32 estados en su sostenimiento de un estado de derecho, al que lo califica como débil. Por otra parte, en el lugar 27 en lo relacionado con ausencia de corrupción, es decir, una adhesión débil.

La forma en la que se presenta el sistema federal y el estatal, guardan, en términos generales, muchas similitudes en el análisis de WPJ. El énfasis tiene que ver con el nivel de institucionalización profesional que se proyecta en la administración pública contando, de manera sustancial, la eficacia y eficiencia de los procedimientos, el seguimiento de los mismos y las correcciones cuando se amerite.

Las declaraciones de las autoridades que, por cierto, se sienten incomprendidas en el desempeño de sus funciones, cuando señalan que han bajado los índices delictivos, de corrupción y de impunidad, contrastan con eventos de la vida cotidiana en los que las cifras de todos los ambientes relacionados con la administración, no muestran mejorías sustanciales, pero sí, narrativas triunfalistas.

Una parte importante en la generación de estructuras que vigilen los procedimientos administrativos la constituyen la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso efectivo al poder público. Se trata de una participación expresando los intereses de la sociedad en un saludable ejercicio de crítica a las políticas públicas por parte de las instancias de representación que, tienen como obligación central, la rendición de cuentas de la cosa pública.

armando.zacarias@csh.udg.mx

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