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Crucificándose
Empiezan las campañas
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022 se estima que en Jalisco sólo en 7 por ciento de los delitos cometidos se abre una carpeta de investigación. Entre las razones de no presentar una denuncia destacan la pérdida de tiempo y desconfianza en las autoridades. Asimismo, el nivel de percepción de la corrupción respecto a la Fiscalía del Estado es de 61.9 por ciento.
Estos datos se agudizan cuando se trata de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Cuando los derechos humanos se vulneran por acción directa u omisión de las autoridades que están insertas en redes de macrocriminalidad, para fortalecer el funcionamiento de los órganos de procuración de justicia es fundamental garantizar su autonomía. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la ausencia de autonomía en las fiscalías es una de las principales causas de impunidad e impide que los delitos se investiguen de manera imparcial y objetiva.
En Jalisco, la labor de la Fiscalía del Estado en varias ocasiones ha carecido de objetividad y debida diligencia, lo que ha conllevado a cuestionar su independencia, además de reafirmar que dicha institución tiende a operar en respuesta a los intereses del gobernador y otros poderes fácticos.
Además, la entidad se ha destacado por el incumplimiento de los marcos normativos en materia de tortura y desaparición de personas que prevén la creación de fiscalías especializadas para investigar y perseguir estos delitos. En 2017 se creó la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD); sin embargo, tras la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado en 2018 cambió su estatus a fiscalía especial. Y si bien pareciera una modificación sólo de nombre, este cambio impidió garantizar el grado de autonomía requerido y ha permitido la permanencia de omisiones y complicidad.
Por ello, en el proceso de construcción de la Ley de Personas Desaparecidas se retomó la urgencia de generar las reformas necesarias para asegurar la autonomía de la FEPD; sin embargo, no hubo apertura para ello. Desde entonces, colectivos de familias y organizaciones han señalado esta necesidad e incluso, en abril de 2022, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada reconoció que la FEPD no contaba con la estructura orgánica y atribuciones previstas en la ley general.
En cuanto al tema de tortura, la ley general en la materia establece la obligación de crear fiscalías especializadas en investigación del delito de tortura, las cuales deben contar con “plena autonomía técnica y operativa”. Desde 2018 en Jalisco existe la unidad especializada correspondiente, sin embargo, la misma depende de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y, presupuestalmente de la Fiscalía del Estado. Esta situación alarma porque la Fiscalía ha sido una de las instituciones más señaladas por tortura. Además, implica una grave omisión de casi seis años de la ley general, así como una falta de atención a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura de la ONU, que en 2019 recomendó a México velar por el correcto funcionamiento de estas fiscalías, garantizando su autonomía.
En la investigación de graves violaciones a los derechos humanos la autonomía es vital para garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas, así como para atender el riesgo de indebidas injerencias, presiones y conflictos de intereses. Y para que esta autonomía no sea sólo una apariencia que obedece a fines políticos, no solamente debe haber reformas legislativas, sino que se requiere fortalecer las capacidades y generar transformaciones profundas de los vicios y omisiones que persisten.
En Jalisco, en la práctica la Fiscalía y el Poder Judicial han estado sometidos a intereses ajenos y no han operado en beneficio de las víctimas. Por años la apuesta hacia la impunidad ha favorecido la consolidación de las estructuras del poder, y cada vez estamos más lejos del acceso a la justicia. Frente a la crisis de derechos humanos y corrupción es necesario que las fiscalías actúen de manera independiente y realicen investigaciones eficaces.
Construir las condiciones para una autonomía real es un camino para que la impunidad y la corrupción no sean nuestra normalidad.
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