De tragedia en tragedia 

El próximo jueves se cumplirá un mes del incendio en un centro de detención de personas migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 muertos. Una vez más, el hecho generó indignación y los reflectores volvieron al fenómeno migratorio como ocurre cada vez que sucede una tragedia. Después, el debate público y las noticias se van diluyendo. El tema pasa casi al olvido hasta que una nueva tragedia lo vuelve a poner en la palestra. 

Así vamos, de tragedia en tragedia. Como si fuera un guion que se repite. Las víctimas, grupos que los acompañan y sectores de la opinión pública exigen justicia. Las autoridades “lamentan profundamente los hechos” y prometen “investigaciones a fondo” y soluciones. Brindan “apoyo”, como no cobrar las hospitalizaciones o el traslado de los cadáveres. En algunos casos cae algún implicado, funcionario menor o chivo expiatorio. 

Luego, el tema se olvida hasta la siguiente tragedia. 

En agosto de 2010, en San Fernando Tamaulipas, 72 migrantes fueron asesinados por un grupo criminal. Al año siguiente, agentes del Instituto Nacional de Migración fueron acusados de participar en el secuestro de 120 centroamericanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que durante 2010 se registraron 214 secuestros colectivos de personas que se dirigían a Estados Unidos. 

En mayo de 2013 un grupo de delincuentes asaltó a más de 500 personas que viajaban en el techo de un tren. Veinte fueron heridas de gravedad. Entre ellas, una mujer embarazada. 

Un tráiler en el que viajaban 170 migrantes fue abandonado, en julio de 2017, en una carretera en los límites de Veracruz y Tamaulipas. 

Las multitudinarias caravanas de migrantes que cruzaban a pie de Guatemala a México fueron noticia en 2018. Los enfrentamientos con cuerpos federales, la muerte de un migrante que cayó de un camión y las penurias de los caminantes ocuparon los titulares, lo mismo que el rechazo de algunos pobladores de Tijuana a centroamericanos, especialmente a personas de grupos de diversidad sexual. También fue noticia la solidaridad de otros tijuanenses con los viajeros. 

En abril de 2019, fuerzas mexicanas detuvieron en Pijijiapan, Chiapas, a cerca de 200 personas migrantes, entre ellas niños, que viajaban en una caravana. En ese mismo mes se registraron dos motines en la estación migratoria de Tapachula y en mayo se registró uno más. Los detenidos señalaron que estaban recluidos en condiciones infrahumanas. 

En junio, la fotografía del joven salvadoreño Alberto Martínez y su hija Valeria, de dos años, ahogados en el río Bravo, dio la vuelta al mundo. En noviembre, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra una camioneta de migrantes. Mataron a uno y cuatro fueron heridos. 

Durante los dos años siguientes las caravanas multitudinarias y las acciones del gobierno mexicano para detenerlas fueron noticia. Hubo enfrentamientos en Chiapas y en la entrada a la Ciudad de México. La enorme cantidad de mujeres y niños, muchos de ellos enfermos, fueron la constante. 

El 9 de diciembre de 2021 un tráiler, que había pasado controles migratorios, volcó en una carretera de Chiapas. 65 personas murieron. 

Los casos de viajeros provenientes de América del Sur, entre ellos distinguidos académicos, que son tratados en los aeropuertos mexicanos por las autoridades migratorias como si fueran narcotraficantes, ocurren desde hace años. Algunos pasan días retenidos en aeropuertos. 

Hace 13 años el relator especial de la Corte Internacional de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano acabar con la impunidad en los abusos a migrantes. Los llamados de organismos especializados en el tema y defensores de derechos humanos son tan constantes como ignorados. 

Las muertes de personas que buscan una vida mejor, sus penurias y las injusticias que sufren forman parte de nuestra normalidad. Sólo las grandes tragedias nos interpelan momentáneamente, de vez en cuando.

[email protected]